Logroño (EFE).- La nueva figura del defensor del contribuyente, que se pondrá en marcha en La Rioja a lo largo de 2026, garantizará los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Hacienda autonómica y atenderá quejas y sugerencias para proponer mejoras y simplificar trámites.
El director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha indicado a EFE que esta figura es una de las novedades recogidas en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026, que se encuentra en tramitación en el Parlamento regional.
Esta ley determina cuáles son las funciones y finalidades de esta nueva defensoría, cuyo objetivo es velar por el interés de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Tributaria riojana, ha explicado.
El defensor podrá informar a la administración de las quejas que puedan presentar los ciudadanos, valorará sus sugerencias y realizará propuestas de simplificación en relación a los procedimientos para conseguir «una administración más ágil y más cercana al contribuyente riojano».
Garrido ha agregado que podrá presentar otras iniciativas desde un punto de vista normativo.
El defensor, un funcionario de carrera
La titularidad de la defensoría del contribuyente riojano recaerá en un funcionario de carrera, lo que garantizará su «imparcialidad y objetividad», y además, no se creará una nueva estructura.
Para ello, se realizará una reorganización interna de funciones y para priorizar algunas dentro de la propia Administración Tributaria de La Rioja, tras la implantación de la nueva plataforma telemática GRIAR, que permite presentar y pagar por internet impuestos y tasas.
«GRIAR es una herramienta informática que nos ha permitido modernizar la gestión del día a día, por lo que el siguiente paso es organizar internamente todos los recursos para que la administración y los empleados públicos hablen y piensen como los ciudadanos», ha especificado.
Por ello, este defensor será «la voz del contribuyente» dentro de la Administración Tributaria de La Rioja y actuará como «puente» entre el ciudadano y la Hacienda autonómica.
Ha precisado que su ámbito de actuación son los tributos que gestiona la Comunidad Autónoma de La Rioja: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD), sucesiones, donaciones, patrimonio y juego.
Equilibrio entre recaudación y derechos
Con esta figura, el Gobierno riojano pretende «poner en valor que una política tributaria justa tiene que tener un equilibrio entre la recaudación y la protección de los derechos de los contribuyentes».
Para ello, se garantiza la transparencia, se genera «confianza en el sistema fiscal» y, así, se confirma que una buena política tributaria no solo recauda, sino que además se preocupa por respetar los derechos de los ciudadanos.
Los contribuyentes contará con una persona que les va a entender y les va a poder explicar y resolver sus dudas de forma totalmente gratuita, sin necesidad de abogado, gestor o asesor.
Cuando se apruebe este la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, previsiblemente antes de que acabe el año, habrá que redactar un reglamento que la desarrolle y, después, acordar una normativa más extensa que detalle todas las funciones del defensor.
Ha precisado que en otras autonomías, como la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León hay figuras similares a esta defensoría.
