Logroño, 23 oct (EFE).- Los cambios en la ley de Dependencia, que entran en vigor este viernes, obligan a que las evaluaciones estén resueltas por las comunidades autónomas en tres meses, la mitad que hasta ahora, e introducen mejoras económicas para los dependientes, entre otras cuestiones.
La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha ofrecido una conferencia de prensa para explicar la que supone la mayor ampliación de derechos para las personas con discapacidad y dependencia desde que se aprobó esta ley en 2006, ha afirmado.
Respecto a la reducción de plazos ha incidido en que para facilitar el trabajo de las comunidades se va a crear un sistema «pasarela» que agilizará estas evaluaciones y eliminará burocracia; también para agilizar se ha determinado que un grado 1 de dependencia tendrá automáticamente un 33 % de discapacidad y los otros dos grados un 65 %.
Las prestaciones económicas crecen en todos los grados, de 76 euros al mes a 90 en grado 1; de 130 a 260 en el 2; y de 290 a 660 en el tercero.
En La Rioja, ha precisado, a finales de mayo había 9.668 personas con prestaciones de dependencia reconocidas «que van a tener un incremento inmediato».
Arraiz, por último, ha incidido en que esos incrementos contarán con la mitad de la aportación desde el Estado mientras que la otra parte corresponde a las comunidades autónomas y aunque en ejercicios anteriores «esos porcentajes no acabaron de aterrizar, ahora ya no es discutible, está garantizado para los dos próximos ejercicios», ha recalcado.
Uno de los objetivos de la reforma es que las personas con discapacidad o dependencia que puedan decidir seguir residiendo en sus domicilios, con apoyos si los necesitan, en lugar de recurrir a la institucionalización de esas personas si ellas no lo desean.
