La Paz (EFE).- Indígenas amazónicos y autoridades locales de un municipio que es el principal ingreso al parque Madidi, una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo, pidieron este jueves al Gobierno de Bolivia que restrinja la minería en ese territorio por las afectaciones medioambientales que ocasiona esa actividad.
El pedido fue planteado ante la estatal Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), Jorge Canamari; el alcalde del municipio de San Buenaventura, Antonio Felipe Mamani, y el titular del Concejo Municipal de esa localidad, Roberto Cartagena.
Tras reunirse con el director de la AJAM, Jaime Sanabria, Canamari dijo a los medios que se solicitó a esa entidad «que se restrinja de manera inmediata y permanente» la actividad minera en San Buenaventura.
«Los impactos de la minería serían devastadores por la remoción de los suelos y la modificación de los cauces y la deforestación», advirtió.
El impacto de la minería
Según el dirigente, tienen información de que actualmente hay «más de 20 trámites mineros» para operar en ese municipio, situado en el norte del departamento de La Paz.
«Pedimos que se suspenda de manera inmediata los trámites en curso, porque vemos que la única alternativa de poder garantizar la existencia de estas naciones indígenas es garantizando su hábitat natural y la convivencia con nuestra Madre Tierra», afirmó.
Canamari explicó que los pueblos indígenas que habitan en el norte de La Paz, como los tacanas, esse ejja y mosetenes subsisten mediante la recolección, la caza y pesca. Lamentó que en los últimos años se vio un aumento «de los sedimentos por la contaminación de la minería ilegal».
También advirtió que, si bien por ahora no hay operaciones mineras en San Buenaventura, sí les llega algún impacto a través de los ríos que atraviesan su territorio por actividades efectuadas en las nacientes de esos cauces.
En los últimos años, la minería aurífera se intensificó sobre todo en la Amazonía de Bolivia, incluidas las regiones de Pando y Beni y el norte de La Paz, en medio de constantes denuncias de que varias de esas actividades son ilegales e ingresaron a importantes reservas naturales como el parque Madidi.
Piden cuidar la biodiversidad
Entre las consecuencias de esta actividad ilegal están la contaminación del agua que nutre a las comunidades indígenas que habitan en las áreas protegidas y los desbordamientos de ríos e inundaciones en las localidades aledañas durante la época de lluvias en el país.
El alcalde Mamani informó que se entregó a la AJAM una ley municipal que declaró a San Buenaventura un territorio «libre de actividad y contaminación minera», para preservar la vocación turística, la biodiversidad y el desarrollo productivo sostenible en la zona.
Mamani destacó que ese municipio «es una puerta principal de ingreso hacia el Parque Nacional Madidi» y ratificó la solicitud de que no se otorguen «derechos mineros» en el lugar.
El director de la AJAM explicó, por su parte, que la solicitud de los indígenas y el municipio seguirá un procedimiento «técnico administrativo» para que «pueda ser compatibilizada con el ordenamiento jurídico minero» vigente.
San Buenaventura tiene más de 10.000 habitantes, incluidos los indígenas tacana, uchupiamona y esse ejja. Su superficie es de 374.800 hectáreas, de las cuales un tercio se sobrepone al parque Madidi.
