Lucía Blanco Gracia |
Nairobi (EFE).- La guerra entre el Gobierno de Etiopía y los rebeldes de la región norteña de Tigré ha cumplido dos años tras un giro inesperado: el ambicioso acuerdo firmado este miércoles para el cese de las hostilidades y la “protección de los civiles”, cuya implementación presenta muchos interrogantes.
“Hemos acordado silenciar permanentemente las armas y acabar con dos años de conflicto en el norte de Etiopía”, afirmaban en un comunicado el viceministro etíope de Asuntos Exteriores, Redwan Hussien, el asesor de Seguridad Nacional del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed; y el representante del rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), Getachew Reda, tras la firma del acuerdo.
Durante nueve días, los dos bandos negociaron en la capital sudafricana, Pretoria, bajo los auspicios de la Unión Africana (UA), con un equipo liderado por el alto representante de la organización para el Cuerno de África, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.
El acuerdo incluye importantes concesiones por ambos bandos, como el “desarme, desmovilización y reintegración” de los rebeldes tigrinos y la “restauración de la autoridad federal en Mekele (capital de Tigré)”, o la anulación de la denominación del FPLT como grupo terrorista por el Parlamento etíope y la interrupción de las operaciones militares federales contra los rebeldes.
Además, el texto promete la que ha sido una de las principales demandas de la comunidad internacional desde el 4 de noviembre de 2020, cuando estalló el conflicto: “acceso humanitario sin trabas”, después de que Tigré haya sufrido durante la mayor parte de la guerra un “bloqueo humanitario de facto” con devastadoras consecuencias, según ha denunciado la ONU.
Aunque el acuerdo supone un soplo de esperanza, su implementación presenta desafíos, sumados a una ruidosa ausencia que pone en duda todo el proceso: la de Eritrea, aliada de Adís Abeba en la guerra.
Remedio a agravios históricos y violaciones
El acuerdo pretende abordar las “diferencias políticas subyacentes” que provocaron la noche del 3 al 4 de noviembre de 2020 el inicio de la guerra, cuando el primer ministro desplegó al Ejercito en respuesta al ataque contra una base militar federal, una acción que los tigrinos describieron como defensa propia.
Antes, se había producido una escalada de tensiones políticas entre el Gobierno de Abiy, que llegó al poder en 2018 con esperanzadoras reformas para gobernar un país marcado por históricos enfrentamientos étnicos, y el FPLT, partido gobernante en Tigré y fuerza dominante en la política etíope desde 1991.
“Hay un profundo sentido de injusticia entre las diferentes comunidades, de unas contra otras: los oromos, los amharas, los tigrinos…”, explica a EFE Fisseha Tekle, investigador de Amnistía Internacional (AI) para Etiopía y Eritrea.
Para Fisseha, estos agravios históricos y un extendido discurso del odio explican las graves violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes del conflicto, incluyendo asesinatos extrajudiciales en masa, violencia sexual y saqueo.
En este sentido, el acuerdo habla de mecanismos de “justicia” y “rendición de cuentas”, además de la “restauración de los servicios esenciales”, como las telecomunicaciones, algo fundamental para que se pueda “documentar y conocer la magnitud real de las violaciones”, según el investigador de AI.
Fisseha reclama que la información sea más “clara, transparente y medible con plazos de tiempo concretos” y que se garantice “el acceso a los miembros de la Comisión de Expertos sobre Derechos Humanos en Etiopía de la ONU”, que culpó el pasado septiembre al Gobierno de utilizar el hambre como arma de guerra.
Eritrea: la gran ausente
“No hay aún una solución militar evidente a corto plazo y cualquier esfuerzo para conseguir una lograría un derramamiento de sangre y un sufrimiento considerables durante posiblemente años”, señaló a EFE antes de la publicación del acuerdo William Davison, analista del laboratorio de ideas International Crisis Group (ICG), cuando la situación sobre el terreno no indicaba nada parecido a la paz.
Tras una “tregua humanitaria indefinida” vigente desde el pasado marzo, los combates se reanudaron a finales de agosto, lo que provocó el nuevo desplazamiento de unas 574.000 personas en Tigré y las regiones vecinas de Afar y Amhara, según Unicef.
Pero, aunque el acuerdo incluye el cese “inmediato y permanente” de las hostilidades, la ausencia de Eritrea, cuyo Ejército ha sido “fundamental” para Adís Abeba, según Davison, y al que la ONU y otras organizaciones responsabilizan de algunos de los peores abusos, abre un gran interrogante sobre la viabilidad de la paz negociada.
“Si los eritreos mantienen su agresiva presencia en Tigré, obviamente, eso sería un enorme obstáculo para el cese de las hostilidades”, alerta el experto del ICG.
Aunque no se han podido recabar cifras exactas, miles de personas han muerto y unos dos millones se han visto desplazadas debido a la guerra.
