Lima (EFE).- La “aparente pasividad” del Gobierno peruano ante los “abusos” cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales que azotaron al país revelan una “posible negligencia o incluso complicidad” de las autoridades, según un informe divulgado este miércoles por Human Rights Watch (HRW).
“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el Gobierno de (Dina) Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, sostuvo en un comunicado el director asociado de la División de las Américas de HRW, César Muñoz.
En su informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, HRW denuncia el “uso excesivo de la fuerza, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales” en el contexto de las manifestaciones sociales que sacudieron al país andino entre diciembre y febrero pasados.
“Ejecuciones extrajudiciales” en Perú
Por un lado, el documento recuerda que los enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes y militares dejaron un saldo de 1.300 heridos y 49 civiles muertos, 8 de ellos menores de edad, e insiste en señalar el uso de “fusiles de asalto y armas cortas” por parte de las fuerzas de seguridad.
En concreto, la investigación de HRW concluye que al menos 39 personas murieron por herida de bala y otras 5 por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas, mientras que un manifestante “es probable que haya muerto por el golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia”.
“Lo más probable es que estas muertes sean ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable”, asevera el informe, en el que se recuerda la “detención masiva plegada de abusos” en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima.
Ante estas muertes, calificadas como “homicidios”, HRW exige que las investigaciones preliminares abiertas por el Ministerio Público contra Boluarte y varios de sus ministros sean “imparciales y exhaustivas y alcancen a todos los responsables de los abusos”.
En esa línea, también exhorta al Gobierno a invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, otorgándole acceso a información gubernamental y a los expedientes de los casos de abusos para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar la crisis y las violaciones de derechos humanos.
La retórica del Gobierno frente a las protestas
Por otro lado, el informe de HRW resalta la aparente “indiferencia” y “pasividad” de la autoridades gubernamentales ante estas “pruebas sólidas de abusos” y critica la actitud del Ejecutivo por “negar a menudo que hubieran ocurrido”.
Agrega que altos funcionarios del Gobierno afirmaron, sin pruebas, que las muertes se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, “al tiempo que menospreciaban y estigmatizaban repetidamente a los manifestantes, insinuando que eran terroristas”.
“La retórica del Gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles (…) plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad en los abusos”, remarca.
Sobre la respuesta internacional a la crisis, HRW señala que, durante meses, Estados Unidos y Canadá “no condenaron las muertes y otros abusos graves” y países como Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras y México “defendieron a Castillo”.
Ante este escenario, el director asociado de la División de las Américas de HRW hizo un llamado a la comunidad internacional a ser “mucho más firme” y a “presionar” para que haya rendición de cuentas y se creen las condiciones necesarias para un diálogo nacional genuino.
Erosión del Estado de derecho
En otro momento, el informe de HRW alerta que, en los últimos años, Perú ha experimentado “una erosión del Estado de derecho y de las instituciones democráticas”, en parte debido a la corrupción generalizada y a un Congreso dominado por intereses personales y empeñado en eliminar los controles a su poder.
Recuerda, en ese sentido, que las protestas estallaron en diciembre, después de que el expresidente Pedro Castillo diera “un golpe de Estado fallido”, lo que motivó su destitución por parte del Parlamento y la llega al poder, por sucesión constitucional, de su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Los manifestantes, principalmente trabajadores rurales e indígenas del sur del país, pedían elecciones anticipadas, entre otras reivindicaciones, pero “también los motivaba la frustración por no poder garantizar una mejor vida a sus hijos, la falta de acceso a educación y servicios de salud de calidad, y el sentirse olvidados por los líderes políticos”, siempre según HRW.
Por eso, la organización insta al Gobierno a adoptar medidas concretas para recuperar la confianza pública y a trabajar con el Congreso para asegurar una reforma de la policía, “necesaria desde hace mucho tiempo, para convertirla en una fuerza más eficiente y respetuosa de la ley”.
