Por Sebastián Silva |
Santiago de Chile (EFE).- A solo una habitación de distancia, Jorge Silva Huerta sentía cómo la policía política del dictador chileno, general Augusto Pinochet (1915-2006), torturaba a sus compañeros. Era marzo de 1975 y su militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) lo convirtió en un blanco de la represión en la provincia de San Antonio, en la costa central chilena a 114 kilómetros de Santiago.
En el momento de su detención, la segunda desde el golpe que derrocó a Salvador Allende en 1973, Jorge tenía solo 22 años. Entonces, la aterradora Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), formada en el Regimiento Nº2 de Tejas Verdes en San Antonio, se había apropiado para cometer sus horrores del balneario popular de Santo Domingo, recuperado esta semana por el Gobierno chileno como lugar de la memoria y futura escuela de derechos humanos.
Secuestrado a bordo de una Chevrolet C10, Jorge llegó al Balneario Popular Rocas de Santo Domingo -uno de los 16 espacios de esparcimiento para los trabajadores construidos por la Unidad Popular- amordazado y vendado, y pasó 34 días incomunicado, sometido a torturas e interrogado sobre un armamento que dice jamás existió.
“De aquí podíamos salir libres o muertos”, dijo a EFE, sentado sobre los cimientos de esas viejas cabañas que pasaron de ser un centro vacacional popular a cárceles clandestinas y centros de tortura durante la dictadura chilena. “Esto lo vamos a recordar toda la vida, hoy estamos contentos de recuperar este lugar”, enfatizó.
Política de memoria del Gobierno
El Sitio Histórico ExCentro de Detención Balneario Popular Rocas de Santo Domingo fue recuperado por el fisco chileno. Parte de una política de memoria impulsada por el Gobierno del presidente, Gabriel Boric. Tiene por meta entregar en concesión un sitio de memoria por región durante esta administración.
“Este es un hito de recuperación de este inmueble que estuvo administrado durante muchos años por el Ejército. Un sitio donde ocurrieron hechos horrorosos, un centro de detención, tortura y experimentación de las violaciones a los derechos humanos”, señaló la ministra de Bienes Nacional, Javiera Toro.
Actos similares ya han tenido lugar en otras latitudes del país suramericano. Por la zona norte, en la desértica región de Antofagasta, el Estado recuperó el excuartel de Carabineros La Providencia. Espacio que fue entregado en concesión a la Agrupación de Memoria Histórica Providencia para implementar políticas de memoria sobre ese centro de tortura.
“Cuando hacemos memoria, no solo saldamos una deuda con el pasado, las víctimas y sobrevivientes, sino también con la sociedad. Hoy enfrentamos nuevas amenazas a la democracia, en Chile y en el mundo. Y decir nunca más y promover los derechos humanos hacia el futuro es también devolver a las actuales y futuras generaciones el derecho a construir su propio futuro”, agregó.
“Esta historia no es solo muerte”
Una de las protagonistas de este esfuerzo es la dirigente histórica de San Antonio, Ana Becerra. Con 17 años se transformó en una de las sobrevivientes de la tortura en el balneario de Santo Domingo.
Militante del MIR, al igual que Jorge, Ana estuvo más de un mes detenida y sometida a tormentos en las cabañas de Santo Domingo. Desde allí fue trasladada a los centros de tortura Villa Grimaldi y Tres Álamaos, en Santiago.
“Al final llegamos a un acuerdo, y la Fundación por la Memoria San Antonio les promete que de aquí a unos años más, este sitio estará convertido en una escuela de Derechos Humanos, ese es nuestro sueño y eso será”, dijo Ana al recibir el acto administrativo que sella la concesión.
“Esto no es solo muerte, este es un sitio que tuvo alegría, tuvo su parte oscura, pero que volverá a renacer con las dos partes en conjunto, la historia del sitio y las carcajadas de los jóvenes de la escuela de Derechos Humanos”, agregó entre aplausos.
