Alida Juliani |
Madrid (EFE).- El ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, cree que la memoria histórica se “desnaturalizó” en anteriores gobiernos del país, con la creación de demasiados organismos de derechos humanos, puestos políticos e indemnizaciones a los descendientes de víctimas de la dictadura, sobre las que se cuestiona si es “legítimo que el Estado se haga cargo”.
“Yo creo que la memoria hay que cuidarla, pero la memoria es de todos, no solo de algunos”, dijo Cúneo Libarona este viernes en una entrevista con EFE en Madrid, ciudad a la que realiza una visita exprés con una agenda cargada de encuentros dentro del ámbito judicial español e iberoamericano para intercambiar experiencias y dar a conocer el modelo de gestión del presidente argentino, Javier Milei.
El responsable de Justicia lleva apenas tres meses al frente del ministerio, y “el 80%” de su día lo dedica a administrar, “cuidar la plata, tratar de destinarla bien y suprimir lo innecesario”, tras encontrar irregularidades de todos tipos, desde lo administrativo a lo económico en su departamento.
Pero los cambios que lleva a cabo, como la reducción del número de personal -más de 7.000 personas cuando llegó-, “algunas de las cuales cobraban viáticos de hasta 8.000 dólares anuales,” de horas extras sin justificar o la eliminación de sobresueldos, no afectarán a la postura sobre los juicios relacionados con la dictadura.
“El Ministerio de Justicia es parte acusadora en esos juicios y se mantiene. Los juicios que están en trámite hay que respetarlos”, asegura.
Ampliar el espectro de los derechos humanos
Aunque aclara que su intención es “ampliar el espectro de derechos humanos, no centrarlo en lo que sucedió hace 50 años, tan trágico y doloroso. No solamente para las personas que fueron víctimas de un aparato ilegal del Estado, sino para las personas que fueron víctimas de un aparato ilegal de terrorismo. Al margen de la ley actuaron los dos”.
Cúneo Libarona recibe de la anterior administración 350 juicios de familiares de víctimas de la dictadura, de “chicos que nacieron en el exilio. Ya se pagaron a los exiliados, ahora son los chicos que nacieron en España, en Suecia, en París, en México…”.
“Tal vez muchos no volvieron a Argentina ni mantuvieron sus lazos ni con el país ni con sus abuelos. Nacieron en países donde tuvieron una enorme educación, algunos son ingenieros que trabajan en Alemania. Cada juicio sale por una fortuna y van a venir una catarata de ellos”, añade.
Y se cuestiona, “si es legítimo que el Estado se haga cargo, un Estado que necesita proteger a las personas vulnerables”.
“Hay más de 300 juicios, 50 que hay en trámite y los que van a venir de chicos de esta naturaleza. ¿Realmente se les produjo un perjuicio por haber nacido en París o en Madrid?. ¿Es válido tener que indemnizar también a estos chicos?”, se pregunta.
El ministro de Justicia señala el caso de estos juicios solo como un ejemplo de esa “desnaturalización” de la memoria histórica por parte de los anteriores gobiernos argentinos, pero señala además a la creación en base a ella de instituciones y cargos políticos.
“¿Es necesario tener tantos organismos de Derechos Humanos, tantos políticos?. Yo creo que la memoria hay que cuidarla, esto sucedió y tenemos que cuidarlo, pero la memoria es de todos, no solo de algunos, de todos”, vuelve a reflexionar.
“Creo que han existido casos de personas que tuvieron dos indemnizaciones, según lo declararon los tribunales, casos de personas que tuvieron muchos privilegios políticos por haberse encontrado en esta situación”, añade.
Un Estado al lado de todas las víctimas
El ministro explica que su política da además “un vuelco”, va hacia las víctimas del delito: “A la persona que le pusieron un revolver y le sacaron un reloj, al pobre hombre que va a trabajar y le sacan el sueldo, a la anciana que le quitaron sus ahorros …”.
“La víctima debe ser el centro del derecho penal de nuestros días. En el siglo pasado fue del imputado, la Constitución era la carta magna del imputado, la ley procesal era la garantía del imputado, hoy tiene que ser de la víctima, y dentro de ellas tenemos a las personas mayores, los menores y los vulnerables”, indica.
Y en ese sentido está trabajando en una ley de víctimas con acceso a Justicia, un observatorio de víctimas “con acceso a particulares para tratar de apagar el dolor”, con un grupo de abogados y psicólogos que se encargarán de asistirles y acompañarles “especialmente a aquellos que no tienen los recursos necesarios”.
