La Paz (EFE).- La Fiscalía boliviana emitió este sábado una orden de captura contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, uno de los hijos del presidente de Bolivia, Luis Arce, en un proceso iniciado por violencia familiar.
El documento jurídico señala que la fiscal especializada en delitos de razón de género Jessica Echeverría «manda y ordena a cualquier funcionario o autoridad policial» a que proceda a la aprehensión del denunciado «por el delito de violencia familiar».
En la víspera, el fiscal general, Róger Mariaca, confirmó a los medios que la pareja de Luis Marcelo Arce Mosqueira presentó una denuncia por un hecho de violencia ocurrido el pasado jueves, en Santa Cruz (este).
«Dentro de la verdad material se puede evidenciar no solo una violencia psicológica, sino una violencia física, contra esta mujer que ha sido víctima», enfatizó el fiscal general.
Arce pide a la Justicia investigar y esclarecer las denuncias
Este mismo sábado, el presidente Luis Arce señaló en un mensaje en sus redes sociales que «toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano».
También aclaró que su postura respecto a estos temas se da «más allá» de su condición de presidente de Bolivia, sino «como padre que respeta las leyes» del país.
Arce también explicó que su postura respecto a ese tema se da «más allá» de su condición de presidente de Bolivia, sino «como padre que respeta las leyes y la normativa vigente» del país.
Denuncias previas por bienes y enriquecimiento ilícito
En la víspera, el diputado Héctor Arce, de la facción del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) ligada al exmandatario Evo Morales (2006-2019), denunció que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, uno de los hijos del presidente, compró varios bienes en La Paz por alrededor de 755.000 dólares.
Entre los inmuebles mencionados está un departamento de lujo, que pagó en efectivo, dos parqueaderos, depósitos y vehículos de «alta gama», por lo que el legislador emplazó al presidente a explicar «de dónde ha sacado su hijo 755.000 dólares» y al hijo del mandatario a que informe «cuál es la procedencia de estos dineros».
El diputado Arce presentó la denuncia en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede de la Fiscalía General del Estado, por el delito de enriquecimiento ilícito, en un segundo proceso que se sigue contra Arce Mosqueira.
Otro caso que llamó la atención se conoció hace un par de meses, a través de la plataforma periodística ‘Conectas’, y relaciona a este hijo del mandatario con la compra de un terreno de más de 2.100 hectáreas por 3,3 millones de dólares en 2021, cuando tenía 25 años.
La propiedad está destinada a la producción de maíz y soya en el departamento oriental de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia.
Polémica por préstamos millonarios en 2021
Poco después se supo que dicha transacción no fue la única, ya que Rafael Ernesto, junto a su hermana Camila Arce Mosqueira, de veinte años en ese entonces, consiguieron préstamos por 9,1 millones de dólares, realizados en seis operaciones con una misma entidad bancaria en octubre de 2021.
Por este último caso, la Fiscalía reabrió a finales de julio de este año una investigación que había sido cerrada a mediados de 2024.
A esto se suma el caso del hijo mayor del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, a quien acusó el diputado Héctor Arce de supuestamente fungir como intermediario entre el Estado y las empresas que se disputaban proyectos de litio, sin ser funcionario público, con base en una grabación que se difundió.
La Fiscalía admitió la denuncia por este caso en octubre de 2023, pero en abril de 2024 la rechazó al considerar que el audio no podía tomarse como prueba y que Luis Marcelo Arce Mosqueira no formaba parte de la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB).
Recientemente, también se denunció al mandatario boliviano por abandono a una mujer embarazada, una exalta funcionaria estatal con la que presuntamente tuvo un hijo y que según la denunciante, el jefe de Estado se negó a reconocer.
