Guayaquil (Ecuador)(EFE).- Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), negó este martes haber tenido algún acercamiento con el Gobierno del presidente Daniel Noboa para frenar las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.
«Nosotros no tenemos ningún acercamiento. No hemos conversado. Mientras no nos autoricen las bases, todas las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador nos mantenemos firmes», aseguró Vargas ante la Asamblea Nacional (Parlamento) a donde llegó para intervenir ante una comisión que fiscalizará los presuntos abusos y vulneraciones de derechos humanos cometidos en las manifestaciones sociales.
Más temprano, Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas, aseguró -en una entrevista con el canal Teleamazonas- que hubo ya un primer acercamiento entre dirigentes indígenas y campesinos con el Gobierno de Noboa.
«Seguimos todavía con las carreteras cerradas a pesar de que ayer (lunes) hubo ya un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas», detalló Castillo.
Reuniones previas con la ministra de Gobierno
El mandatario local también habló de otras reuniones que se concretaron el fin de semana entre indígenas y campesinos y representantes del Ejecutivo, entre ellos la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.
Sin embargo, Vargas dijo no estar enterado de esas reuniones en Imbabura y que este martes se realizará un consejo ampliado en el que los dirigentes serán informados por las bases de lo que está sucediendo.
«Mientras se siga hostigando en la zona donde la gente está levantada no se puede dialogar. No se puede dialogar con presión, no se puede dialogar cuando nuestros hermanos son criminalizados. Creo que para todo eso se tiene que dar un alto al fuego», indicó Vargas.
«Los compañeros de Imbabura han planteado (que) para poder dialogar el primer punto es liberar inmediatamente a los hermanos que están encarcelados allá en la costa ecuatoriana», dijo el líder indígena en referencia a los doce indígenas que fueron detenidos la semana pasada después de que se registró un ataque a un cuartel policial del municipio de Otavalo.
Condiciones para iniciar el diálogo
La Fiscalía ha procesado a los capturados por el delito de terrorismo, pero la Conaie asegura que ellos «no son terroristas».
Vargas añadió que, para dialogar, el Gobierno también debe estar dispuesto a derogar el decreto con el que se eliminó el subsidio al diésel, tal como sucedió en 2019 y 2022, cuando hubo masivas protestas que llevaron a los entonces presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar marcha atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No obstante, el Ejecutivo ha dicho que no negociará ni dará marcha atrás en la decisión tomada, pues ha señalado que el subsidio nunca favoreció a los más pobres sino a la minería ilegal y al contrabando.
«El paro nacional fue una decisión colectiva. Mientras las nacionalidades no me den disposición, el paro sigue, la movilización sigue a nivel nacional», reiteró Vargas.
Durante el noveno día de manifestaciones, nueve tramos de carreteras de cuatro provincias seguían cerradas por las protestas indígenas, de acuerdo con información del servicio de emergencias ECU-911. Cinco de las vías en mención están en Imbabura y las otras en Cañar, Chimborazo y Pichincha.
Familiares de detenidos en paro piden su libertad
Familiares y compañeros de los doce indígenas detenidos el 22 de septiembre en la ciudad ecuatoriana de Otavalo, en Imbabura, epicentro de las protestas por el alza del precio del diésel, exigieron este martes su libertad, pues aunque fueron imputados por terrorismo sus allegados aseguran que fueron «reprimidos» por «reclamar nuestros derechos».
«Fueron reprimidos por salir a reclamar nuestros derechos. Solicitamos su inmediata libertad porque fue una lucha con derecho.
Nosotros somos artesanos, somos comerciantes, somos artistas. Nosotros no somos terroristas», señaló durante una comparecencia en una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) Soledad Perugachi, madre de uno de ‘Los 12 de Otavalo’, como se conoce a los indígenas que cumplen prisión preventiva en una cárcel de la costa del país.
Los manifestantes fueron detenidos la semana pasada, después de que se registrara un ataque a un cuartel policial en Otavalo que terminó con el incendio de diez vehículos y daños en la infraestructura del destacamento.
La Fiscalía los procesó por su presunta participación en ese hecho, aunque Raphael Banda, abogado de detenidos, dijo a medios locales que los indígenas fueron capturados horas después y en lugares alejados al cuartel policial.
«Hemos sido maltratados»
«Los pueblos indígenas acogidos al derecho a la resistencia hemos buscado la forma de hacernos escuchar de la inconformidad sobre el decreto que lanzó el Gobierno (de eliminación del subsidio al diésel). Y por eso hemos salido para decir que no estamos de acuerdo, pero hemos sido maltratados», añadió Blanca Chancoso, lideresa indígena de Otavalo.
Denunció que los militares han entrado en la noche a sus pueblos «con tanquetas» y que han violentado a sus comunidades.
«El que falleció, ahí está el video, claramente (se ve) cómo le patean, se bajan de esa tanqueta para patearle al que estaba incluso auxiliando a su pariente, le patean una y otra vez. Ha sido un dolor, un daño psicológico», dijo Chancoso en referencia a un video que registra el momento en soldados los golpean en una de las manifestaciones más violentas registradas en Cotacachi.
«Eran tanquetas con disparos y por la noche asaltando. ¿A quiénes les llaman terroristas? ¿Qué hacen los terroristas? Comparemos entre lo que se ha hecho como pueblos indígenas y lo que vienen a hacer (ellos)», añadió.
Jaime Muenala, otro de los representantes que llegó hasta el Legislativo, abogó por su hermano Alfredo Padilla, quien, dijo, tiene una discapacidad, que fue lo que le impidió correr ese día que fue detenido.
«Simplemente en las calles reclamamos derechos. Obstaculizamos las vías, pero solo eso y (ellos) vienen con gases y con balas», mencionó, aunque en vídeos se aprecia que gente -infiltrada, según el Gobierno-, lanza piedras y pirotecnia contra los militares.
Juicio político a los ministros
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país y que convocó a las manifestaciones, reiteró en la comisión legislativa que no «declinarán en la lucha» que han emprendido para que el presidente Daniel Noboa dé marcha atrás en su decisión de eliminar el subsidio al diésel.
Y también pidió que se inicie un juicio político en contra del ministro de Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, para que «respondan ante la Constitución y la ley y los tratados internacionales».
Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, dijo que el alza del diésel lo único que hace es «profundizar la pobreza, la exclusión y la desigualdad».
«Por eso es que el pueblo ha salido a las calles. No somos terroristas, somos luchadores de toda la vida», insistió, mientras el Gobierno asevera que al quitar el subsidio afectaron a las economías criminales (contrabando, narcotráfico, minería ilegal), y que ahora el Estado entregará recursos directamente a los más vulnerables.
Por su parte, la asambleísta correísta (oposición) Paola Cabezas pidió a la comisión que se convoque a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para «denunciar» lo que está pasando en el país.
Tras escuchar a varios representantes de las familias y líderes indígenas, la comisión legislativa decidió iniciar una fiscalización a los presuntos abusos y vulneraciones de derechos humanos cometidos en las manifestaciones sociales.
Estudiantes de Ecuador piden excarcelación de manifestantes
Cerca de 200 manifestantes se concentraron este martes en la sede de la Universidad Central de Ecuador (UCE), en Quito, para protestar contra la prisión preventiva dictada para doce personas procesadas por terrorismo en la provincia de Imbabura, por violentos incidentes ocurridos durante las protestas indígenas contra la eliminación al subsidio del diésel decretada por el presidente Daniel Noboa.
«Por ‘Los 12 de Otavalo’ nadie se cansa», gritaron los manifestantes bajo la lluvia. Los doce detenidos fueron procesados por el delito de terrorismo e ingresaron en prisión provisional por orden judicial, al estar presuntamente detrás de la quema de diez vehículos y una comisaría policial en Otavalo (Imbabura) y la agresión a dos agentes.
Además de paraguas y carteles con mensajes reivindicativos, también portearon los conocidos como ‘Noboa de cartón’, fotografías impresas sobre cartón a tamaño real del presidente, utilizados por el actual jefe de Estado en sus campañas electorales para atraer el voto.
Junto a la presión estudiantil, los familiares de los detenidos también exigieron su libertad este martes en una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento).
«Fueron reprimidos por salir a reclamar nuestros derechos. Solicitamos su inmediata libertad porque fue una lucha con derecho. Nosotros somos artesanos, somos comerciantes, somos artistas. Nosotros no somos terroristas», señaló Soledad Perugachi, madre de uno de los procesados.
