Caracas (EFE).- Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), dijo este lunes que «no pueden ser contradictorios» los signos de una amnistía, después de la detención el domingo del exdiputado Juan Pablo Guanipa, que había sido excarcelado horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025.
En declaraciones a la prensa, durante la presentación de la exhortación pastoral de la CEV, el arzobispo señaló que «los signos deben tender al objetivo común» y «no pueden ser contradictorios» si el Estado reconoció la necesidad de una ley de amnistía, que se espera quede aprobada esta semana.
Asimismo, indicó que la discusión de este proyecto de ley debe ser «amplia e inclusiva» y con todos los sectores de la sociedad civil por la complejidad de la medida y, consideró que el «ritmo frenético» para su aprobación va en contrasentido a este objetivo.
Señaló que la amnistía no es solo un perdón o gracia del Estado sino «la toma de conciencia de una sociedad» que decide que debe «recomponer las reglas del juego».
«Para que la dinámica política pueda recomponerse, tiene que reconocerse la pluralidad política«, afirmó el sacerdote durante sus declaraciones.
En este sentido, indicó que han sostenido encuentros con el Programa para la paz y la convivencia democrática, instalado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pero no se han convocado formalmente para participar en la consulta pública de la legislación.
El «panorama político» de Venezuela cambió
En la exhortación pastoral de la CEV, leída a la prensa por el sacerdote, los obispos venezolanos afirmaron que el «panorama político y social» del país cambió «profundamente» desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.
«Los hechos del tres de enero de este año han cambiado profundamente el panorama político y social, aunque se han interpretado como una violación del derecho internacional, muchos estiman que abren caminos para lograr la democratización del país», agregó.
En el texto, se reiteró el llamado a la liberación plena de todos los presos políticos, la promoción de espacios de diálogo para un «gran acuerdo nacional» y la necesidad de «reconstruir la institucionalidad democrática» y la independencia de los poderes públicos.
Los obispos también respaldaron la solicitud de derogar legislaciones que «coartan los derechos fundamentales» de los venezolanos, luego de que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) cuestionara que la amnistía no contemple derogar legislaciones como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar que, consideran, forman parte de un «marco legal represivo».
El Parlamento, de amplia mayoría chavista, aprobó por unanimidad el proyecto de ley de amnistía el jueves pasado, el primero de dos debates necesarios para su sanción.
Gremio de prensa venezolano pide que ley de amnistía reconozca «persecución» a periodistas
El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela pidió este lunes que se reconozca la «persecución» contra periodistas en la ley de amnistía que prevé aprobar el Parlamento esta semana y exigió el compromiso «expreso del Estado» para que «nunca más» se utilice el «derecho penal contra el periodismo».
En una rueda de prensa, el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, indicó que el gremio presentó un proyecto al Parlamento «que reconoce la persecución sistemática e ininterrumpida durante los últimos años, reconoce la persecución judicial por el ejercicio de la libertad de expresión» e «incluye elementos relacionados a la persecución digital y el uso de la tecnología y herramientas de mensajería y redes sociales para perseguir a quienes tienen opiniones criticas».
«Es un proyecto que amnistía a personas que han sido perseguidas por el ejercicio de la libertad de expresión», prosiguió.
Ruiz dijo que en Venezuela hay actualmente 59 periodistas judicializados, cuadro de ellos aún tras las rejas, dos en arresto domiciliario y al menos 20 en el exilio «como consecuencia de la persecución».
Esto, indicó, sin contar las «decenas de periodistas» que han dejado el país porque sus «pasaportes han sido anulados o tienen alertas en el sistema a de investigación policial (…) sin conocimiento de la existencia de una investigación».
El sindicato además dijo que incluyó en su propuesta una protección frente a los delitos «fabricados».
