Santiago de Chile (EFE).- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, evalúa la posibilidad de indultar a los policías y militares condenados por cometer violaciones a los derechos humanos durante la represión de la ola de protestas de 2019, la más grave desde el fin de la dictadura, confirmó este viernes su Gobierno.
«Se está evaluando caso a caso, y el presidente dará a conocer, cuando se determine, cuáles serán los indultos», aseguró en rueda de prensa la vocera del Gobierno, Mara Sedini, tras la primera reunión del nuevo gabinete.
Horas antes, el mandatario ultracatólico había dicho en una entrevista en el Canal 13 que «Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado“.
Chile vivió en octubre de 2019 la mayor ola de protestas desde el fin del régimen militar (1973-1990), que comenzó como un reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro y se convirtió en un clamor transversal contra la desigualdad y en favor de mayores derechos sociales.
La violencia durante el estallido social en Chile
El estallido, que derivó en dos procesos constituyentes fallidos, combinó marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia desmedida, saqueos y destrucción de mobiliario público, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos más de 450 víctimas de trauma ocular, según datos recientes de la Fiscalía.
La ONU y distintas organizaciones de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de violaciones a los derechos humanos.
“Entiendo que alguien que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar, pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y hay que partir perdonando”, indicó Kast, que fue investido el miércoles y se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha y defensor del régimen de Augusto Pinochet desde el retorno a la democracia.
Kast, quien siempre ha calificado las marchas como un «estallido delictual», aseguró en campaña que jamás indultaría a «terroristas y delincuentes» y cargó duramente contra los controvertidos indultos otorgados por su antecesor, el progresista Gabriel Boric, a una docena de manifestantes encarcelados.
Una cascada de críticas
La posibilidad que ahora sea Kast el que indulte a las fuerzas de seguridad ha generado una cascada de críticas en la oposición de izquierda y centroizquierda.
La senadora independiente de izquierdas Fabiola Campillai, una reconocida víctima de la represión policial en las manifestaciones de 2019, exigió a Kast «respetar las decisiones de los tribunales».
«Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien. Eso es un crimen y la justicia así lo dictaminó. Presidente, dejemos que la justicia se cumpla porque eso también es dar seguridad», indicó Campillai, que se quedó ciega con 38 años por el golpe de una bomba lacrimógena arrojada por un policía mientras se dirigía a su trabajo en medio de las protestas.
El diputado izquierdista Gustavo Gatica, otra víctima emblemática de la brutalidad policial, también cargó contra el ultraderechista y recordó un proyecto de ley que se discute en el Parlamento para otorgar el arresto domiciliario a presos mayores o enfermos y que podría beneficiar a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura.
«¿Cuál es el afán de la derecha de querer sacar a delincuentes de la cárcel? Nos intentaron vender un proyecto de ley para enviar a criminales a sus casas, ahora comprometen indultos a violadores de DD.HH ¿Qué sorpresa nos espera para mañana, Presidente Kast?», indicó Gatica, que recibió varios disparos en el rostro por parte de un agente en una marcha y se quedó ciego con 21 años.
El Informe Estadístico del Estallido Social, publicado en octubre del año pasado por la Fiscalía para ofrecer por primera vez una radiografía completa de las marchas, registró más de 35.000 delitos, con más de 21.700 imputados y más 20.700 víctimas.
El delito más frecuente fue el de violencia institucional cometido por agentes del Estado (34 %), seguido de saqueos y delitos contra la propiedad (31,7 %) y desórdenes públicos (22,7 %).
