Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía «llega a su fin», dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el «fin» de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que «estaban excluidos expresamente» en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.
A su juicio, la amnistía «ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados», pese a las que describió como «voces que buscan perturbar los procesos».
La Ley de Amnistía en Venezuela
La líder chavista expresó que la amnistía «surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa», en referencia a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano el pasado 3 de enero durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.
Se registraron 12.187 solicitudes
Asimismo, indicó que las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.
Arreaza agregó entonces que seguían «recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país».
Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó que, de acuerdo a sus registros, menos del 25 % de las excarcelaciones que se han producido este año en el país se deben a la Ley de Amnistía.
La normativa advierte en su último artículo que «serán procesadas» las personas beneficiadas que incurran «en delitos cometidos con posterioridad» a la entrada en vigencia del texto.
Rodríguez instaló este jueves una comisión que se encargará de una «gran consulta» para reformar la justicia penal, con el objetivo, afirmó, de superar los «males que persisten» en este sistema, afectado por el retardo procesal y la corrupción.
Varias ONG tachan de inconstitucional el anuncio
Varias ONG rechazaron este jueves que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el «fin» de la amnistía, al considerar esta decisión como «arbitraria e inconstitucional», ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad.
«Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando», manifestó Provea en su cuenta de X.
En la misma red social, Acceso a la Justicia argumentó que la Ley de Amnistía no establece una fecha de vencimiento para los beneficiados, por lo que consideró que este instrumento sigue vigente, aunque el Ejecutivo «haya decidido que ya no lo está».
Asimismo, explicó que esta norma solo se puede derogar «mediante otra ley de igual rango» dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
«La intromisión del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de poderes», apuntó Acceso a la Justicia.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón indicó en X que una ley de esta naturaleza no puede derogarse por una declaración del Ejecutivo y calificó como un «atropello al Estado de derecho» el anuncio de la presidenta encargada.
A su juicio, pretender dar por concluida esta ley representa un «acto de inseguridad jurídica» que deja en «absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico».
