Bangkok (EFE).- El Gobierno filipino ordenó este jueves a la Policía el arresto del senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo considera presunto «coautor indirecto» de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte.
Así lo indicó a los medios filipinos el secretario de Justicia, Fredderick Vida, que aseguró en rueda de prensa que tanto la Policía Nacional como la Oficina Nacional de Investigación habían recibido la orden de «efectuar el arresto».
Vida rechazó aportar más detalles sobre el plan del Gobierno y declinó usar el término «caza de fugitivos» para referirse a Dela Rosa, que permanece en paradero desconocido desde el pasado jueves, cuando huyó del Senado tras atrincherarse en la cámara durante tres días después de que la CPI emitiera la orden de detención en su contra.
El Gobierno amenaza con represalias a quien ayude al senador
El secretario de Justicia dijo que no podía confirmar si la Policía Nacional había recibido esta orden ni si había transmitido una notificación roja a la Interpol, ya que, según sus declaraciones, el papel de las fuerzas de seguridad filipinas en este operativo se limitará a prestar asistencia al cuerpo internacional.
No obstante, Vida si advirtió de que aquellos «que pudieran estar ayudando, instigando o colaborando con el senador Bato para evadir la ley» recibirían consecuencias por ello.
El miércoles, el Tribunal Supremo rechazó el recurso interpuesto por Dela Rosa para impedir su arresto, allanando el camino para su posible detención.
Esta es, sin embargo, la primera parte de la resolución del máximo órgano jurisdiccional, que aún debe publicar un fallo completo el próximo lunes.
Colaborador de Duterte
El pasado 10 de mayo, la CPI hizo pública una orden de arresto contra Dela Rosa, considerando que contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que «autorizaban, toleraban y promovían» los asesinatos, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante «escenarios ficticios de defensa propia».
El exjefe de la Policía Nacional habría participado activamente en el operativo antinarcóticos de Duterte, actualmente detenido en La Haya por crímenes de lesa humanidad, en la cual, según las autoridades filipinas, fueron asesinadas extrajudicialmente unas 6.000 personas, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.
Aunque Manila salió en 2019 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, la corte afirma que mantiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos mientras el país era miembro, ya que la guerra contra las drogas a nivel nacional comenzó en 2016.
