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Fotografía de archivo de la cárcel La Modelo en Bogotá, Colombia. EFE/ Juan Diego López

Menos del 60 % de los reclusos en Colombia cuenta con una cama propia, denuncia la Defensoría del Pueblo

Bogotá (EFE).- Apenas el 58,6 % de las personas privadas de la libertad en las cárceles inspeccionadas por la Defensoría del Pueblo de Colombia cuenta con un cama propia, una situación que obliga a muchos reclusos a dormir en el suelo, pasillos o estructuras improvisadas, alertó este jueves la entidad.

La situación hace parte de los hallazgos del Informe de contraste al XIX análisis del Gobierno sobre el estado del Sistema Penitenciario y Carcelario, elaborado tras inspecciones realizadas a 20 cárceles en el segundo semestre de 2025 y en el que la Defensoría advierte que «persisten fallas estructurales» en el sistema.

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En esos Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), equivalentes al 16 % de las cárceles en funcionamiento, permanecen 33.567 personas privadas de la libertad, cerca del 30 % de la población carcelaria del país.

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Fotografía de archivo de uno de los alambrados que rodea la cárcel Modelo en Bogotá, Colombia. EFE/ Carlos Ortega

La Defensoría encontró déficit de camastros, insuficiencia de unidades sanitarias y ausencia de espacios adecuados para visitas íntimas.

Un sanitario para 125 detenidos

Además, documentó barreras recurrentes en la atención médica, como demoras en procedimientos, dificultades para acceder a citas especializadas y problemas de abastecimiento de medicamentos en cárceles masculinas como La Modelo y femeninas como El Buen Pastor, en Bogotá.

La Defensoría también inspeccionó 55 centros de detención transitoria (CDT), en los que encontró 5.510 personas detenidas en espacios diseñados para permanencias inferiores a 36 horas.

Según el informe, el 82,5 % llevaba más tiempo del permitido y el 15 % permanecía allí desde hacía más de un año.

La entidad halló además instalaciones con ventilación e iluminación deficientes, así como centros donde un solo sanitario debía ser compartido por 125 personas, pese a que la norma establece uno por cada 25 detenidos.

Ante este panorama, la Defensoría pidió al Gobierno avanzar en la «humanización de la pena», fortalecer la infraestructura penitenciaria, garantizar recursos para salud y alimentación y modernizar los sistemas de información del sistema carcelario.