San Salvador (EFE).- Familiares de personas acusadas de ser pandilleros o colaboradores de estos en El Salvador protestaron este viernes contra el juicio masivo que lleva a cabo la Justicia en el marco de un polémico régimen de excepción, y pidieron que los procesos penales sean «justos» y «transparentes» e individuales.
El grupo, que en su mayoría son mujeres del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), se concentró pacíficamente en las afueras del tribunal donde desde abril pasado y «por primera vez» se desarrolla un proceso penal bajo el modelo masivo de una audiencia única abierta contra más de 400 supuestos cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y que estarían acusados por «47.000 delitos» cometidos entre 2012 y 2022, según informó la Fiscalía General.
Asimismo, la Fiscalía, en su cuenta de X, también informó que lleva a cabo otros procesos de audiencias masivas contra supuestos miembros de pandillas o colaboradores de estas bandas, detenidos durante el régimen de excepción, en su mayoría por el cargo de agrupaciones ilícitas.
#CombateAPandillas | En la jornada de hoy, la @FGR_SV expuso sobre 45 casos de homicidios cometidos en Cabañas, Cuscatlán, San Vicente y La Paz, que dejaron como resultado 57 víctimas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 2, 2026
También se expuso sobre dobles y triples homicidios que la estructura consideraba que les… https://t.co/WLgC3jfTmk pic.twitter.com/jAEldLgEJl
Abogados y organizaciones de derechos humanos criticaron estos procesos porque, según explicaron, se juzga colectivamente a las personas sin individualizar los casos.
Preocupación por audiencias masivas
Alfredo Mejía, cuya hija tuvo una detención el 7 de abril de 2022 y de la que asegura no saber nada, ni si está con vida, declaró a EFE que existe una preocupación por el desarrollo de las audiencias masivas porque «la Fiscalía ha optado por un testigo (…) que es pandillero y criminal, y que le están dando beneficios, para condenar a nuestros inocentes».
Mejía señaló que, de acuerdo con información que recopiló Movir, existen aproximadamente 30.000 «inocentes» en las cárceles que «fueron detenidos arbitrariamente».
«No estoy en contra del Gobierno, estoy en contra de las malas actitudes que se están tomando, estoy en contra de las detenciones arbitrarias, en contra de los procesos amañados y en contra de que no haya procesos pegados a derechos», añadió.
El régimen que se ha mantenido desde 2022
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó recientemente la prórroga número 52 del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que a la fecha ha dejado más de 92.480 detenciones de personas que son supuestamente miembros de pandillas o que tienen presuntos vínculos con dichas bandas.
Este régimen de excepción se aprobó tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, que ha dejado 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y se estima que más de 530 personas han muerto bajo custodia del Estado.
Esta crisis de asesinatos, que dejó más de 80 muertes en un fin de semana, fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.
El régimen de excepción, que es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras y para reducir la violencia, continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos para poner fin a su implementación.
La medida cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población y Bukele, cuya política antipandillas le consiguió su reelección inmediata a pesar de la prohibición constitucional.
