Tegucigalpa (EFE).- La Justicia de Honduras ordenó la captura del expresidente del Parlamento Luis Redondo acusado de presuntos delitos relacionados con su negativa a reconocer los resultados de las elecciones generales de 2025, que dieron una ajustada victoria al candidato opositor y ahora presidente Nasry ‘Tito’ Asfura.
También se ordenó la captura del exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) Edis Moncada.
“Recibimos anoche las dos órdenes de captura, por lo que se procederá a su ejecución”, informó este viernes a medios locales el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez.
Redondo y Moncada pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que durante los pasados comicios se encontraba en el poder bajo el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026).
Redondo, quien presidió el Parlamento entre 2022 y 2026 y no logró la reelección como diputado, enfrenta cuatro cargos que le atribuye el Ministerio Público (Fiscalía): «perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios».
Entre los hechos bajo investigación figuran la instalación de la Comisión Permanente, el 31 de octubre de 2025, y la aprobación, en enero de 2026, de un decreto que ordenaba el recuento «voto por voto» de las elecciones generales de noviembre pasado que dieron como ganador a Asfura, del ahora gobernante Partido Nacional, quien asumió el poder el pasado 27 de enero cuando concluyó el mandato de Xiomara Castro.
Un recuento «voto por voto»
La Comisión Permanente, presidida por Redondo e integrada por nueve diputados de los 128 que conforman el Parlamento, se instaló en un contexto de controversia política sobre la legalidad de sus actuaciones y el alcance de sus facultades.
A mediados de enero pasado, Redondo advirtió de que, si el órgano electoral no realizaba el nuevo recuento, el Parlamento se encargaría de hacerlo, por lo que las autoridades investigan si los integrantes de la Comisión Permanente excedieron las facultades constitucionales del Poder Legislativo e invadieron competencias correspondientes al órgano electoral al pretender contar los votos de las elecciones.
El decreto legislativo fue sancionado por Castro, que también había solicitado un nuevo escrutinio “voto por voto” días antes de concluir su mandato, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había anunciado los resultados de los comicios.
A Moncada, por su parte, la Fiscalía le imputa tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios, según el requerimiento fiscal (una acusación para que la Justicia proceda contra los señalados) presentado esta semana contra ambos y otros exintegrantes de la Comisión Permanente del Parlamento.
La acusación abarca a catorce personas y comprende veintiún delitos, según la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
