Pamplona (EFE).- Un informe elaborado por UGT ha revelado que las bajas por problemas de salud mental han aumentado un 96,55 % en Navarra en siete años, pasando de 5.155 en 2016 a 10.132 en 2023.
Lorenzo Ríos, secretario general de UGT Navarra, y Eva Azanza, secretaria de Área Externa y Política Sindical, han presentado en rueda de prensa los resultados principales del estudio, así como medidas para atajar esta problemática.
La salud mental de la población es deficiente
En primer lugar, Azanza ha indicado que la salud mental de la población es deficiente y se encuentra mermada y que tradicionalmente no se ha prestado la suficiente atención a esta cuestión en los entornos de trabajo.
A nivel estatal, el informe señala que en 2024 se registraron un total de 671.618 situaciones de incapacidad temporal por trastornos mentales y del comportamiento, lo que implica un aumento del 136 % con respecto a los datos registrados en 2016.

Como ha explicado Azanza, las bajas debido a problemas de salud mental suelen ser más largas que las de otros tipos y, en este sentido, la pandemia también ha sido un punto de inflexión en su agravamiento, ya que en 2019 la media de días de baja por problemas de salud mental era de 65 días, mientras que en 2023 se ha situado en los 70 días, lo que la coloca como la tercera causa más duradera.
Las mujeres ocupan puestos con peores condiciones
La sindicalista ha señalado también que las mujeres ocupan puestos de trabajo con peores condiciones laborales, especialmente si son migrantes.
“A día de hoy son las mujeres las que ocupan de forma mayoritaria las labores de cuidados, tanto de menores como de mayores o dependientes, y todo esto hace que la salud mental de las mujeres se vea más afectada que los hombres”, ha explicado Azanza.

Entre las actividades que han registrado un mayor número de situaciones de incapacidad por problemas de salud mental, destacan los sectores del comercio, la hostelería, actividades sanitarias, servicios auxiliares, administración, defensa y educación.
“En todos ellos hay trato con clientes, pacientes, usuarios y están relacionados con plazos ajustados de tiempo, que son muchas veces urgencias. Por eso se pueden llegar a encadenar problemas de salud mental por presiones en el tiempo de sus trabajadores”, ha indicado.
El caso de la Administración
Azanza ha manifestado que les ha llamado la atención el caso de la Administración, un sector que “quizá hasta estos años nunca había sufrido estas situaciones”, algo que sobre todo se ha agravado en los sanitarios.
En líneas generales, la mayoría de personas que se dan de baja por problemas de salud mental cuentan entre 45 y 55 años, aunque se está produciendo un aumento de jóvenes.
Por su parte, el secretario general de UGT Navarra ha abogado por un cambio de cultura y darle la importancia requerida, algo que, en opinión de Ríos, “las empresas no le están dando la relevancia necesaria a los riesgos psicosociales”.
“La prevención de riesgos laborales es una cultura que se debe llevar a cabo con convenimiento y cuando están argumentando en el mundo empresarial el problema del absentismos nosotros nos preguntamos si las empresas realmente están protegiendo la salud de los trabajadores”, ha considerado Ríos.
Actualización de la Ley de Prevención de Riesgos
Ríos ha insistido en que se trata de una cuestión de carácter transversal que afecta a todos los sectores de la economía y lo que requiere “es empezar a trabajar en serio en este asunto”.
Desde UGT, se ha propuesto la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo, la elaboración de una normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral, la negociación en las empresas de protocolos contra el estrés laboral, la violencia en el trabajo y el asesor laboral.
También se ha planteado la actualización del listado de enfermedades profesionales para que sean incluidas las patologías derivadas, formar y dotar de herramientas para que se pueda identificar y saber actuar, así como mejorar la calidad del servicio de las mutuas a las personas afectadas.