Pamplona (EFE).- Las 108 familias adjudicatarias de viviendas de protección oficial de la promoción Maristas II de Pamplona se han concentrado este sábado en la Plaza del Castillo para reclamar al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento soluciones que permitan desbloquear un proyecto cuyas viviendas fueron adjudicadas en 2023 y cuyas obras todavía no han comenzado.
Durante la concentración, los afectados han leído un comunicado en el que han denunciado que llevan tres años esperando sus viviendas y han exigido a ambas administraciones medidas económicas y normativas para afrontar los sobrecostes, facilitar la contratación de una nueva constructora y hacer posible el inicio de las obras.
«En 2023 nos adjudicaron una vivienda de protección oficial. Tres años después, todavía no se ha puesto ni un ladrillo», han lamentado los integrantes de la cooperativa.
Los adjudicatarios han explicado que durante este tiempo han aportado sus ahorros, asumido compromisos económicos y organizado sus vidas confiando en que el proyecto saldría adelante.
Sin embargo, han señalado que los gastos continúan, los planes personales se retrasan y la incertidumbre aumenta ante la falta de una fecha para el comienzo de la construcción.
A esta situación se ha sumado la rescisión unilateral del contrato por parte de la constructora Obenasa, que, según han explicado, se produjo a pocas semanas de la fecha prevista para el inicio de las obras.
Las familias han rechazado las justificaciones ofrecidas por la empresa y han asegurado que están defendiendo su posición por la vía judicial, aunque han subrayado que su prioridad es encontrar una nueva constructora.
«Seguimos creyendo en Maristas II. El proyecto es viable, cuenta con financiación formalizada y queremos trabajar para que pueda salir adelante», han afirmado.
En este sentido, han insistido en que no pretenden prolongar el conflicto ni buscar culpables, sino conseguir que se construyan las viviendas que les fueron adjudicadas.
Reclaman compromisos al Gobierno y al Ayuntamiento
Los afectados han pedido al Gobierno de Navarra que adopte las medidas económicas y normativas necesarias para garantizar la construcción de estas viviendas protegidas.
Al Ayuntamiento de Pamplona le han reclamado una implicación activa y que trabaje conjuntamente con el Ejecutivo foral y la cooperativa para encontrar una salida al proyecto.
Asimismo, han solicitado a ambas administraciones que se sienten con los adjudicatarios, estudien todas las alternativas posibles y establezcan compromisos concretos y un calendario de actuaciones.
«No basta con expresar apoyo. Necesitamos medidas concretas, ayudas efectivas y soluciones que permitan afrontar los sobrecostes, facilitar la contratación de una nueva constructora y desbloquear el proyecto», han manifestado.
Las familias han denunciado que durante los últimos tres años han tenido que presentar alegaciones, reclamar información y acudir a las instituciones para tratar de sacar adelante la promoción.
«Estamos cansados de obstáculos y de esperar, pero hay algo que queremos dejar claro: no vamos a rendirnos», han advertido.
También han destacado las consecuencias económicas, personales y emocionales que está teniendo la paralización del proyecto y han reclamado que las administraciones pasen «de las palabras a los hechos». «Ya no necesitamos más promesas: necesitamos soluciones reales», han subrayado.
La concentración ha concluido con mensajes como «108 familias, una misma lucha», «Gobierno y Ayuntamiento, queremos compromiso» y «Menos bloqueo, más ladrillo».
Los adjudicatarios han asegurado que continuarán buscando una nueva constructora y reclamando la implicación institucional hasta conseguir que comiencen las obras de sus viviendas.
