Pamplona (EFE).- El Parlamento de Navarra ha aprobado el proyecto de Ley Foral de Juventud y Justicia Intergeneracional que establece un nuevo marco para las políticas de juventud y refuerza la participación juvenil.
La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, frente a los votos en contra de UPN, PPN y Grupo Mixto y la no adscrita Maite Nosti.
La nueva ley, en palabras de Úrsula Pardo, del PSN, “recoge una idea fundamental que es que las personas puedan llevar a cabo un proyecto de vida pleno basado en la libertad de elección personal, la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de sus derechos”.
Irati Jiménez, de EH Bildu, ha considerado que el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias ha garantizado la diversidad de la juventud en la ley ya que “no hay una forma de ser joven”, aunque ha indicado que no están de acuerdo en algunas cuestiones como “la ausencia de que se recogiera el euskera como lengua propia”.
Por su parte, Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha puesto en valor que esta ley “permite adaptarse al nuevo contexto” y refleja conceptos como justicia intergeneracional y corresponsabilidad intergeneracional para “permitir evaluar el impacto que tienen las políticas en las generaciones más jóvenes”.
Desde Contigo-Zurekin, Daniel López ha incidido en la necesidad de que la juventud tenga una participación real en las políticas y que esta ley “busca garantizar los derechos ya porque la juventud no necesita esperar su turno, lo que necesita es que se deje de quitárselo”.
Ya en el turno de los grupos en contra, Ángel Ansa, de UPN, ha asegurado que esta ley es “sectaria y vacía de contenido”, llevando parte de su crítica a la redacción del artículo sobre memoria democrática ya que “separa la violencia terrorista con la ejercida por ETA”; una consideración que ha cobrado especial importancia entre los grupos de la oposición durante el debate.
Maribel García, del PPN, ha valorado que se va a “conseguir levantar un muro” y se ha apoyado en el informe del Secretariado de Gobierno que ha considerado que esta ley puede generar “solapamientos en relación a normativas generales o sectoriales, y a competencias administrativas”.
Por parte del Grupo Mixto, Emilio Jiménez, ha asegurado que “no se ha hecho nada para los jóvenes desde 2015 y solo han engañado” y ha considerado que “es una ley ideológica”.
La parlamentaria no adscrita Nosti ha justificado su voto en contra “por el respeto a la verdad histórica y a las víctimas del terrorismo”.
Las medidas
Algunas de las medidas que contempla pasan por que las administraciones públicas impulsarán la creación de estructuras y sistemas que proporcionen a la población joven información sobre los recursos, las actuaciones, programas y proyectos que lleven a cabo dirigidos a la juventud.
Recoge que tendrá la consideración de educación no formal la denominada Educación en el Tiempo Libre. La impartición de las formaciones en este ámbito recaerá fundamentalmente en el Instituto Navarro de la Juventud y en las Escuelas de Educación en el Tiempo Libre oficialmente reconocidas.
Otro aspecto mencionado es la participación y, este sentido, el proyecto señala a los poderes públicos “la promoción de las condiciones que favorezcan la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultura”.
Plantea la creación de la Red de Profesionales de Juventud como “herramienta de coordinación y asistencia sectorial” y el impulso de «políticas públicas de memoria dirigidas específicamente a las personas jóvenes, como agentes necesarios para la construcción de una sociedad más justa, ética y democrática”.
Además, propone sancionar a quienes obstaculicen o realicen acciones que vayan en contra con los preceptos que se señala, con multas en los casos de infracciones muy graves de 20.000,01 a 100.000 euros e imposibilidad de obtención, o en su caso, suspensión, de la autorización administrativa necesaria para el desarrollo de actividades en materia de juventud por un período de hasta doce meses.
