Pamplona (EFE).- Las 507 familias afectadas por la finalización de sus contratos de alquiler con Testa Residencial han anunciado este sábado que permanecerán en sus viviendas cuando estos venzan, durante una manifestación que ha reunido a cientos de personas en Pamplona para exigir al Gobierno de Navarra la expropiación de los inmuebles y garantizar así su continuidad en ellos.
La movilización, convocada por el sindicato LAB y los inquilinos afectados, ha partido de Baluarte y ha concluido en la Plaza del Castillo, donde los participantes han reclamado medidas contra la especulación inmobiliaria y el acceso a una vivienda digna.
Las familias afectadas residen en 507 viviendas situadas en los barrios de Etxabakoitz, Buztintxuri, Artika, San Jorge y Rochapea, que perdieron su calificación de vivienda de protección oficial (VPO) a principios de esta década.
Según han denunciado, Testa Residencial, filial del fondo de inversión Blackstone, pretende que abandonen sus hogares para poder vender los inmuebles.
Muchas de estas familias llevan más de 25 años residiendo en esas viviendas y aseguran haber abonado más de 150.000 euros en concepto de alquiler, por lo que consideran injusto que ahora puedan perder sus hogares.
«No nos van a echar. Estamos organizadas. Vamos a pelear hasta el final. ¡Y vamos a ganar! ¡No nos vamos! ¡Nos quedamos!», han proclamado durante la concentración.
Los afectados han recordado que las viviendas se construyeron con financiación pública, aunque su titularidad ha permanecido en manos privadas, y han exigido al Ejecutivo foral que intervenga para evitar los desalojos.
En concreto, reclaman la expropiación de los inmuebles, su incorporación a la gestión pública y la garantía de contratos de alquiler indefinidos con una reducción de los precios.
LAB reclama una partida presupuestaria para expropiar las viviendas
El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha pedido al Gobierno de Navarra que incluya en los presupuestos de este mismo año una partida económica destinada a adquirir o expropiar las viviendas afectadas.
«Hay 500 familias que están en riesgo de desahucio. Hay 500 familias que están en viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todos y todas, con dinero público, y que ahora están en manos de un fondo buitre», ha denunciado en declaraciones a los medios.
Arroyo ha asegurado que el Ejecutivo foral debe adoptar medidas para garantizar que estas familias puedan continuar viviendo en sus casas y ha defendido la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario.
Entre las reivindicaciones del sindicato ha citado el establecimiento de límites a los precios de la vivienda, la ampliación del parque público y la adopción de medidas contra los fondos de inversión que operan en el sector.
También ha reclamado un salario mínimo de 1.500 euros y ha vinculado la defensa de unas condiciones laborales dignas con el acceso a la vivienda.
«Reivindicamos trabajo digno y vivienda digna para todos y todas. Es necesario y es posible tomar medidas en ese sentido», ha afirmado.
El dirigente sindical ha criticado que, a su juicio, el sistema económico permite que las empresas y los fondos de inversión obtengan beneficios a costa del trabajo y de las necesidades habitacionales de la ciudadanía.
Llamamiento a la huelga general del 11 de noviembre
Arroyo ha aprovechado la movilización para llamar a participar en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.
El coordinador de LAB ha expresado su confianza en el seguimiento de la convocatoria y ha señalado que la movilización servirá para reclamar medidas que garanticen el acceso efectivo a la vivienda.
«Vamos a parar todas las fábricas, vamos a llenar todas las calles para conseguir que sea efectivo el derecho a la vivienda», ha manifestado.
Durante el acto también ha intervenido una representante del vecindario de Ezkaba, que ha expresado su apoyo a los afectados por Testa y ha criticado el recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley Foral de Vivienda aprobada en junio.
La representante vecinal ha advertido de que el recurso puede facilitar que se reproduzcan situaciones similares a las que actualmente denuncian las familias de Testa.
