Adaya González |
Madrid (EFE).- Tanto tiempo se pensó que por ser “la mejor sanidad del mundo” podía aguantar de todo que tuvo que llegar una pandemia a destapar las miserias que venía acumulando desde hace años. El antiguo esplendor de la sanidad pública española languidece y este 2022 sus profesionales ya han dicho “hasta aquí”.
El año acaba con las trincheras de la Atención Primaria levantadas en buena parte del país porque antes no han podido hacerlo: médicos, enfermeras y el resto de trabajadores del primer nivel asistencial empezaron 2022 como terminaron 2021, sepultados en la tempestad de ómicron, tratando de gestionar las decenas de miles de casos que provocó las navidades pasadas.
No era la primera vez que una ola de la covid saturaba la Atención Primaria; sin embargo, la magnitud de aquella confirmó que todo el sistema se tambalea cuando ella falla, empezando por las urgencias. Todo aquel que no conseguía una cita con su médico de cabecera acudía en masa a estos servicios, que han tenido que afrontar una demanda un 25 % superior a la que había en 2019.
La vuelta de los virus respiratorios de la gripe y el sincitial amenaza con una nueva tormenta navideña que ya pilla a los sanitarios con la paciencia y el ánimo muy mermados, así que han decidido plantarse.
La mecha se extiende
El hartazgo es a todos los niveles y especialidades, pero ha hecho rebosar el vaso en la “hermana pobre” del sistema, lastrada por un modelo ‘hospitalocentrista’ que la ha sumido en una carencia crónica de presupuestos y recursos humanos y en un exceso de precariedad, agendas infinitas y burocracia a sus profesionales.
El 21 de noviembre los centros de salud de la Comunidad de Madrid decidieron iniciar un parón indefinido. Más de un mes después, el 22 de diciembre, el paro se suspendió temporalmente hasta al 11 de enero tras “acercar posiciones” la Consejería de Sanidad y el comité de huelga con “una reformulación” de dos puntos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
El polvorín estalló antes en las urgencias extrahospitalarias de Atención Primaria, cuyos trabajadores se levantaron contra el nuevo plan diseñado del Gobierno regional para reabrir estos servicios que había cerrado dos años atrás; a diferencia de sus compañeros, ellos sí lograron un acuerdo.
Pero la mecha en el primer nivel asistencial ya estaba prendida: con el respaldo ciudadano, que se hizo notar en una multitudinaria manifestación celebrada en la capital el 13 de noviembre, las protestas de los médicos y enfermeras de AP se han ido propagando a otros puntos y amenazan parones si no se atienden sus demandas.
Los de Murcia y Cantabria fueron escuchados, con lo que las protestas programadas cesaron; pero ahí quedan todavía las convocatorias de Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura.
Demoras eternas
Con la desazón de los profesionales, también aumenta la de los ciudadanos: según el último Barómetro Sanitario publicado hace unos días por el CIS, los españoles tienen una buena opinión de sus médicos, pero se ha disparado a la mitad el número de los que piensan que hacen falta cambios fundamentales e incluso reformas profundas.
A finales de este año, la espera media para tener una cita en el centro de salud es de 8,54 días, aunque para casi un cuarto (23,3 %) supera los 11 días; para el 12 % se demora entre 8 y 10 días y, para el 18,7 %, una semana.
En unos meses ha aumentado al 15,8 % el número de pacientes que no pueden consultar a tiempo un verdadero problema de salud con su médico de familia.
Si a eso se suma que el 38 % de la población tiene que esperar más de tres meses la consulta con su especialista y el 37 % entre uno y tres, junto con el récord histórico en las listas de espera quirúrgica (742.518 pacientes, aunque la demora para operarse ha descendido a los 113 días), el descontento ciudadano está servido.
Así es como se ha acrecentado el trasvase de pacientes a la privada: los asegurados se han ido incrementando paulatinamente desde 2016 hasta el 3,8 % y ya son 11,55 millones los españoles con seguro.
Las recetas para evitar la caída
Con este panorama, Gobierno y comunidades buscan cómo aliviar la embestida que la covid ha dado al sistema con una serie de medidas, la primera, incrementando su financiación.
Para el año que viene, el gasto sanitario presupuestado por las comunidades -que supone el 92,96 % del total- es de media un 7,69 % superior, alcanzando los 1.808 euros/habitante. Sin embargo, aún están muy lejos los casi 2.300 de la UE y las diferencias entre autonomías son abismales, según un reciente informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.
Mientras, el Gobierno central ha reservado en los Presupuestos Generales del Estado 7.049 millones – de los que 1.538 millones proceden de los fondos europeos-, un 6,7 % más que hace un año, para las políticas sanitarias.
Otras de las medidas de choque pasan por contratar médicos extranjeros previa homologación del título o aplazar las miles de jubilaciones que se prevén en Atención Primaria en los próximos años -una tercera parte de sus 12.000 médicos tienen entre 60 y 65 y 1.500 superan esa edad-, para lo que el Ejecutivo ha propuesto facilitarles la jubilación activa con el 75 % de su pensión.
Porque el gran problema es que no existe recambio para todos ellos y el reto principal está en retener el talento: los futuros médicos prefieren irse fuera que trabajar en estas condiciones, pero solo ellos pueden devolver el brillo que una vez tuvo nuestro Sistema Nacional de Salud.
