José Carlos Rodríguez |
Santiago de Compostela, (EFE).- Cuando se cumple el décimo aniversario de uno de los accidentes ferroviarios más graves de España, el que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Angrois, a la entrada de Santiago, todavía están por dilucidar la responsabilidad penal y las causas que propiciaron aquella tragedia, en la que fallecieron 80 personas y resultaron heridas casi un centenar y medio.
En plenas fiestas del Apóstol, allá por 2013, un tren Alvia que provenía de la estación de Chamartín, en Madrid, con destino Ferrol, descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois, a pocos kilómetros de la estación compostelana.
El suceso conmocionó a toda la sociedad gallega y española e incluso tuvo su eco a nivel internacional. De las 224 personas que viajaban a bordo, perdieron la vida 80 y 144 resultaron heridas de diferente consideración.
Entre las causas del accidente influyeron diversos factores, pero lo que sí está constatado es que el convoy circulaba a una velocidad de casi 190 kilómetros por hora en un tramo que estaba limitado a 80, superando así casi el doble de la velocidad permitida.
El maquinista a bordo del tren, Francisco José Garzón Amo, se percató tarde del exceso de velocidad y aunque trató de frenar, ya era demasiado tarde.
Sobrevivió al accidente y ahora es uno de los imputados por este suceso, junto al exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte. Para ambos, la mayoría de las partes personadas en la causa piden cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio imprudente y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.
La Justicia se pronunciará este año
Tras diez años de la tragedia, se espera que 2023 sea el año en el que finalmente la justicia se pronuncie sobre la responsabilidad del accidente y las implicaciones de Renfe y Adif en el mismo, así como que se determinen las indemnizaciones por parte de las aseguradoras tanto para los familiares de las víctimas mortales como para las personas que sobrevivieron al accidente.
Tras una fase de instrucción que arrancó en 2013 y que finalizó en 2015, el juez Andrés Lago cerró el caso con la única imputación del maquinista. Sin embargo, en 2016 y tras conocerse informes y diversas pruebas relacionadas con el triste episodio, la Audiencia Provincial de A Coruña reabrió la instrucción, con el objetivo de comprobar si existían otras responsabilidades relacionadas con la seguridad en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago.
En 2017 el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte fue imputado. Esta nueva fase de instrucción se prolongó hasta 2021. Un año después, en 2022, comenzaría el macrojuicio del Alvia, una vista que arrancó el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Cultura debido al alto número de partes personadas.
Un expediente con mas de 44.460 folios
El expediente principal del juicio está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos. Durante meses, de octubre a febrero -en la fase penal- y de febrero a junio -en la fase civil- han declarado casi 700 personas entre testigos, testigos peritos y peritos.
A cargo de la causa está la magistrada María Elena Fernández Currás, la encargada de dictar una sentencia que lleva esperándose una década.
Apenas quedan dos sesiones de juicio, que desde junio afronta el trámite documental y las conclusiones de las partes.
Al maquinista, Francisco Garzón, la mayoría de las partes le culpan por imprudencia y por “desatender la conducción” al contestar a una llamada telefónica del interventor que resultaba “intrascendente” y que se prolongó “durante 100 segundos”, provocando que Garzón perdiera el control del tren.
Por otro lado, al exdirectivo de Adif Andrés Cortabitarte se le acusa de ser responsable del descarrilamiento por no realizar el análisis de riesgos de la línea entre Ourense y Santiago, no haber tomado las precauciones necesarias para proteger la vía y desconectar a bordo el sistema de seguridad ERTMS, que hubiera impedido el accidente.
La sorpresa llegó con las conclusiones definitivas de Fiscalía
Las defensas de ambos han basado su estrategia durante estos meses en echar las culpas al otro. La sorpresa llegó cuando en su escrito de conclusiones el Ministerio Público decidió retirar la acusación contra Cortabitarte y mantener solo la de Garzón.
Expuso el fiscal Mario Piñeiro que el exdirectivo de Adif cumplió los protocolos de la empresa pública y manifestó sus “dudas” sobre su responsabilidad penal ante unos hechos que, según su criterio, se produjeron únicamente por un error humano, que cometió Garzón.
Sin embargo, los abogados que defienden a las víctimas en su gran mayoría sí han mantenido ambas acusaciones y consideran que el cambio de criterio de la Fiscalía es una estrategia del Estado para protegerse de una posible condena contra un alto cargo de Adif, que pueda salpicar además al administrador ferroviario español.
Las dos jornadas restantes serán clave. Tanto desde la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 como desde la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela (Apafas) confían en el criterio de la jueza, en que se haga justicia y en que ambos acusados sean condenados.
Maquinista y exdirectivo de ADIF podrán expresarse de nuevo
El juicio finalizará el próximo jueves, momento en el que los letrados de los acusados expondrán sus informes de conclusiones. Además, tanto Cortabitarte como Garzón tendrán una última oportunidad para hacer uso de la palabra.
Garzón ha pedido perdón a las víctimas en reiteradas ocasiones, mientras que Cortabitarte se mantiene receloso, ya que considera que no tuvo responsabilidad alguna en la tragedia.
Para las víctimas supervivientes del accidente y los familiares de los fallecidos, que se reconozcan los hechos y se haga justicia supone “una reparación”, que aunque llega tarde, de algún modo, alegan, permite que puedan avanzar con sus vidas.
Víctimas del Alvia confían en la independencia de la jueza, frente al ‘Pacto de la Curva’
Las víctimas del tren Alvia han expresado este lunes su confianza en la independencia de la jueza Elena Fernández Currás frente al que denominan ‘Pacto de la Curva’ trazado por los diferentes gobiernos para señalar la maquinista como único culpable.
Un año más desde aquel fatídico día, y en la misma semana en que el juicio quedará visto para sentencia, víctimas y familiares se han concentrado en la estación de tren de la capital gallega para iniciar un recorrido por las calles del centro de la ciudad y acabar en la Plaza del Obradoiro para reclamar de nuevo “verdad” y “justicia”.
En declaraciones a Efe, el presidente de la plataforma de víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, afirmó que transcurrida una década desde la catástrofe “todavía no hay justicia ni una investigación técnica independiente como viene pidiendo durante años la Unión Europea”, a quien agradecen el trato recibido frente al “ninguneo” con que dicen les han tratado las instituciones del Estado español.
Sobre la sentencia, que previsiblemente se conocerá a finales de año, el portavoz de las víctimas incide en que siguen “confiando en la jueza porque creemos que sí es independiente, no así la Abogacía del Estado y el fiscal que han demostrado todo lo contrario y han ido contra las víctimas y contra la verdad”, afirmó.
“Confiamos en la jueza”, insistió Domínguez, si bien adelantó que en el caso de una sentencia negativa para los intereses de las víctimas llevarán el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“Evidentemente confiamos en la jueza, pero en caso de una resolución negativa nosotros seguiremos y si tenemos que acabar en Estrasburgo lo haremos porque tenemos los hechos, tenemos la razón y contamos con el apoyo de la Unión Europea”, afirmó.
La tragedia ferroviaria ocurrió en la curva de A Grandeira, en el barrio de Angrois, donde el tren, que circulaba a más del doble de la velocidad permitida en ese tramo, descarriló.
