Mercedes Zabaleta |
San Sebastián, 9 abr (EFE).- La vivienda irrumpe como tema capital y tensiona la relación entre los socios de Gobierno, incrementadas tras el recurso del PNV a la Ley de Vivienda, que ha levantado ampollas entre los socialistas.
El precio de la vivienda es un problema casi endémico en el País Vasco, pero en los últimos años ha generado especial inquietud entre la ciudadanía.
En 2021 era citado como problema principal solo por un 10 por ciento de los encuestados por el Sociómetro, una cifra que subió al año siguiente al 13 por ciento y al 19 por ciento en 2023. En febrero de 2024 era mencionado por el 25 por ciento de los preguntados.
El desbocado encarecimiento de las casas explica estas cifras.
La Comunidad Autónoma Vasca tiene el precio medio por metro cuadrado en 2.960 euros, 3.295 en vivienda nueva, y una ciudad como San Sebastián que, con 5.378 euros por metros cuadrado, es la más cara por delante de Madrid y Barcelona.
El cuanto al alquiler, hay 130.688 viviendas en renta y la renta media anual es de 783,6 euros.
La vivienda irrumpe como tema capital
Ante esta situación, han implementado iniciativas para poner coto la escalada de precios sin un resultado evidente, según revelan los datos.
La Ley vasca de Vivienda de 2015, pionera al plantear el derecho subjetivo a la vivienda, fue aprobada con la combinación de votos de Bildu, UPyD y PSE-EE, entonces en la oposición.
El PP la rechazó y la recurrió ante el Tribunal Constitucional y el PNV llegó a alertar de un posible “efecto llamada”.
El Gobierno Vasco, cuya consejería de Vivienda ha estado en manos de los socialistas en las dos últimas legislaturas, no aprobó hasta octubre de 2023 el decreto del derecho subjetivo.
Pero este derecho se fue reconociendo paulatinamente a las personas que reunían los requisitos y para esa fecha eran beneficiarios 8.200 hogares.
Sin embargo, ha sido la Ley Estatal de Vivienda de 2023, una de las normas estrellas del Pedro Sánchez, que EH Bildu y Podemos apoyaron sin fisuras, la que elevó la tensión entre PNV y PSE.
Tope al precio de alquiler
Los jeltzales esgrimieron la invasión competencial para recurrir varios de sus artículos ante el TC.
Este argumento para el PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos esconde en realidad el rechazo del PNV a topar los precios de alquiler.
El socialista Denis Itxaso ha llegado a señalar que el PNV se alinea con Andalucía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Departamento vasco de Vivienda por el momento ha decidido iniciar los trámites para poder declarar como zonas tensionadas -y por lo tanto en la que se puedan topar los precios- en 41 municipios vascos que cumplen los requisitos que marca la ley para ello.
EH Bildu por su parte ha hecho de la vivienda uno de los caballos de batalla para atacar la gestión del PNV ante unas elecciones en las que la formación de Arnaldo Otegi disputa por primera vez la hegemonía jeltzale.
La última estadística del mercado de alquiler (EMAL) correspondiente al tercer trimestre de 2023 y por tanto con la norma estatal ya en vigor, no revela grandes cambios. Incluso apunta una tendencia a la subida de las rentas y la bajada de la oferta de los pisos en alquiler.
La renta media en los contratos firmados entre julio y septiembre de 2023 subió un 4,5 por ciento respecto al año anterior hasta los 783,5 euros. El número de viviendas en alquiler fue de 4.360 frente a los 5.311 del mismo trimestre de 2022.
Propuestas
Entre las propuestas desgranadas por los partidos figura la de utilizar la fiscalidad para premiar los alquileres baratos y penalizar los más caros, que ha defendido EH Bildu, que ha planteado además la desaparición de las desgravaciones por la adquisición de vivienda.
Unas desgravaciones que se ha comprometido a defender con “uñas y dientes” el candidato del PNV Imanol Pradales, quien ha citado también subir el umbral de renta máximo para que los jóvenes puedan acceder a ayudas de alquiler y crear una línea de avales para los que no pueden financiar el 100 por ciento de un piso.
El PSE ha prometido promover de 5.000 nuevas viviendas en alquiler social y que el 50 por ciento de las viviendas en régimen de alquiler que construya el Gobierno Vasco sea para jóvenes.
La candidata de Elkarrekin Podemos ha planteado incluso prohibir la compra de viviendas a los ‘fondos buitre’ mientras el PP ha hecho referencias a la “okupación” y un llamamiento a “defender la propiedad”.
