Santander (EFE).- Las personas mayores son ya casi la cuarta parte de los residentes en Cantabria, cuando en 1971 representaban solo el 10 por ciento. Y ese proceso de envejecimiento seguirá intensificándose en los próximos años, agravado por la brecha de género y la dispersión de la población.
Son datos del diagnóstico que servirá de base a la Consejería de Inclusión Social del Gobierno cántabro para elaborar el plan estratégico de personas mayores de Cantabria, con la colaboración de las entidades que forman parte del recién constituido Consejo de Mayores.
Según recoge este documento, al que ha tenido acceso EFE, el 24,5 por ciento de la población de la comunidad autónoma tiene 65 años o más. Son, en cifras absolutas, 145.549 personas, de acuerdo con los datos del Instituto Cántabro de Estadística (Icane) correspondientes a abril de 2025.
En el conjunto de España el peso de la población mayor es bastante menor, del 20,4 por ciento (3,6 puntos por debajo de Cantabria). También son más bajos los porcentajes de los grupos de más edad.
Mas octogenarios, menos sexagenarios
Y, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para Cantabria, en 2039 se reducirá el peso relativo de la población de entre 65 y 69 años a costa de un aumento considerable de la población de entre 80 y 84 años.
Ese proceso de envejecimiento hasta edades más avanzadas será más intenso en el caso de las mujeres, que representan ahora el 51,5 % de las personas mayores de 65 años en la región.
El otro factor que hace este proceso sea un desafío aún más grande para Cantabria es el de la dispersión y el despoblamiento de las zonas rurales. Más de una cuarta parte de los cántabros vive en municipios de menos de 5.000 habitantes y cerca del 15 % en los que tienen entre 5.000 y 10.000.
El envejecimiento no es igual para hombres y mujeres
Otra de las conclusiones del diagnóstico es que el proceso de envejecimiento no afecta por igual a mujeres y hombres.
Las mujeres, señala, presentan mayores niveles de actividad social, autonomía y participación en iniciativas comunitarias, pero también sufren más vulnerabilidades económicas, situaciones de soledad y cargas históricas derivadas de los cuidados.
Para ellas el riesgo de pobreza es más elevado, porque acceden en menor medida a las pensiones de jubilación más altas y es más frecuente que perciban pensiones de viudedad bajas.
De media en Cantabria más de la mitad de los mayores (52,4 %) considera, según el Icane, que su estado de salud es «muy malo, malo o regular». Y las mujeres creen que su salud es peor que la de los hombres.
Inclusión Social ha utilizado una metodología mixta para hacer su diagnóstico, combinando el análisis documental y estratégico con entrevistas a «perfiles clave», personas que trabajan con mayores en el ámbito social, académico, comunitario, de derechos o que han aportado una lectura de género.
La brecha rural-urbana
De esas entrevistas se desprende también que existe una clara brecha rural-urbana, de forma que la falta de transporte a demanda, de servicios sanitarios, dispositivos sociales y actividades generan un envejecimiento «menos digno, menos saludable y más solitario en los entornos rurales».
También es común la preocupación por el modelo de cuidados, que exige una transformación.
Así, existe un rechazo creciente a la institucionalización residencial, acompañado de una clara preferencia por mantener la vida en el hogar y el entorno comunitario durante el mayor tiempo posible.
A eso se suma la necesidad de repensar la ayuda a domicilio, cuya cobertura en zonas rurales es baja, como «un recurso integral y humanizado».
En voz alta y con diminutivo
Además, gran parte de la población mayor (56,2 %) está preocupada por las dificultades de acceso a las tecnologías, que representa un factor de exclusión creciente, y por la falta de alternativas presenciales o adaptadas a la hora de hacer trámites sanitarios, administrativos o bancarios.
El edadismo, en especial el institucional, es otra de las realidades que refleja el diagnóstico. Este edadismo, en muchas ocasiones «disfrazado de paternalismo o trato homogéneo», señala, afecta directamente «a la dignidad, la autonomía y la percepción social de las personas mayores».
Uno de los expertos que han participado en las entrevistas lamenta que lo primero que hacen en el servicio de salud con un mayor es «hablarle en voz alta y ponerle diminutivo al nombre».
