Madrid (EFE).- El brote de peste porcina africana en Cataluña ha vuelto a cuestionar la gestión de la fauna salvaje en general y del jabalí en particular: los ecologistas piden «dejar de criminalizar a la fauna silvestre», mientras los científicos advierten de que existe una sobrepoblación de esta especie.
Ecologistas en Acción reconoce que «puede estar justificado el aplicar medidas de control de jabalíes en el foco» donde apareció la enfermedad para evitar que se expanda y llegue a las granjas de cerdos, pero pide no extender las iniciativas de forma preventiva «con la excusa de que hay superpoblación», que, a su juicio, no existe.
«En todo caso, las poblaciones se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo», afirman sus portavoces, que achacan el aumento del contacto entre fauna silvestre y población humana al «crecimiento urbano y poblacional» desplegado en «una ocupación exagerada del territorio» con urbanizaciones en pleno monte y segundas residencias en costa y montaña.
Para Jaume Grau, portavoz de la ong, «está amplísimamente documentado que buena parte de los problemas en el sector primario están vinculados a la crisis ecológica» con cosechas perdidas por sequías o inundaciones y desequilibrios poblaciones por crisis de biodiversidad, por ejemplo, y es ahí hacia donde la Administración debería dirigir su interés.
En su opinión, el problema es la ganadería industrial -incluyendo la de porcino- que «mueve miles de millones de euros, pero es un ejemplo incuestionable de insostenibilidad».
Dónde están
La distribución de áreas de mayor densidad de población de jabalí se localiza, según el plan nacional de gestión, en el noreste de la península Ibérica, en especial en las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona, Huesca y Valencia.
Las comunidades autónomas donde se ha producido el mayor incremento en los últimos años, además de Cataluña, son Murcia, Navarra y Castilla y León, aunque los estudios disponibles certifican un «fuerte» crecimiento en el número de ejemplares en toda España durante los últimos 40 años, que además se ha ido acelerando «con el consecuente aumento de accidentes, daños a cultivos y riesgos sanitarios».
El plan considera la necesidad de combinar la caza con el uso de trampas para la captura de animales o nuevas tecnologías -como el empleo de drones con cámaras térmicas- además de potenciar la colaboración entre administraciones, ya que frenar el crecimiento de sus poblaciones es «necesario» por los riesgos sanitarios, ecológicos, económicos y sociales que entrañan.
Caza y concienciación
Luis Fernando Villanueva, ingeniero agrónomo y director de la Fundación Artemisan, también señala la dificultad de censar a estos animales «por su comportamiento esquivo», pero estima que «la cifra de ejemplares debe estar entre 1,2 y 1,5 millones», ya que «se calcula que cada año son capturados entre un 25 y un 30 % y, en 2023, fueron unos 478.000».
Al ser un animal muy prolífico, «cada 15 años duplica su cifra, por lo que para finales de este decenio o principios del que viene podría haber unos 2 millones», lo que incluye a los cerdolíes o híbridos resultantes del jabalí europeo y el cerdo vietnamita, una especie invasora empleada como mascota cuya suelta o abandono ha contribuido a acrecentar el problema.
El abandono progresivo del monte «está creando un caldo de cultivo ideal para la proliferación de jabalíes», por lo que «no queda otra fórmula eficiente para regularlos que la caza, es totalmente necesaria» porque, «si no abatiéramos tantos jabalíes cada año, ¿qué sería de la ganadería extensiva, por ejemplo?», según Villanueva.
«Hoy hay menos cazadores que hace cuarenta años y las administraciones deberían ser las más interesadas en que su número no se redujera», afirma, pero «tienen cierto complejo, incluso miedo, para hablar del papel de la caza en el control de especies» por la opinión de buena parte de la sociedad que «a menudo desconoce el mundo rural».
Para Villanueva, la solución pasa por flexibilizar la actividad cinegética que «no puede seguir aplicando criterios de hace treinta años» tanto en permisos como en tecnología y un ejemplo de cómo mejorar, señala, es Murcia, cuyo -Gobierno autonómico autorizó el uso de visores térmicos para batidas nocturnas «y eso permitió abatir el año pasado más de 13.000 animales».
Por ello la Fundación ha puesto en marcha el Proyecto Huellas, que desarrolla material didáctico en centros educativos «para que exista una formación de qué es y por qué es necesaria la caza, más allá de su aspecto lúdico».
