San Sebastián (EFE).- El pesquero Aita Mari, transformado en buque de salvamento, podría enfrentarse a una multa de un millón de euros por varias infracciones detectadas en el barco hace tres años en una inspección en Italia.
Así lo han confirmado a EFE fuentes de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, propietaria de la embarcación. Han anunciado que presentarán alegaciones al expediente sancionador, comunicado a través de la Capitanía Marítima de Valencia perteneciente al Ministerio de Transportes.
La cantidad de la multa podría variar en función del “pronto pago” de la misma o de las infracciones que finalmente se contemplen en el proceso.
Irregularidades “técnicas y operativas”
Este caso se remonta al año 2020. El Aita Mari estaba en Palermo (Sicilia) y fue sometido a una inspección por las autoridades portuarias, que detectaron una serie de irregularidades que llevaron a inmovilizar el barco.
La Guardia Costera italiana informó entonces de que la inspección había detectado “varias irregularidades técnicas y operativas”, que podían “comprometer la seguridad” de todas las personas a bordo. También observó “algunas violaciones en la protección del medio marino”.
Salvamento Marítimo Humanitario asegura sin embargo que todas las deficiencias fueron subsanadas. Precisa además que “la mayoría” estaban relacionadas con la documentación y no afectaban a la seguridad del barco.
El caso siguió su tramitación conforme a la normativa internacional hasta que este pasado jueves se ha conocido la apertura del expediente sancionador.
Salvamento Marítimo Humanitario: “Campaña política”
El presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos, ha enmarcado aquella inspección en una “campaña” impulsada por el Gobierno italiano para “detener los barcos de salvamento de la flota civil de rescate”.
A su juicio, este proceso sancionador deriva de “una campaña más política” que “relativa a la seguridad de los barcos”.
Mijangos ha dicho que presentarán “las alegaciones correspondientes” y esperarán “la respuesta del funcionario instructor del proceso”.
Ha asegurado que “esta situación no tiene nada que ver con el despacho del barco, que es independiente y separado, y cuya inspección se realizará el próximo martes”.
Mijangos ha confiado en que “resulte todo satisfactorio y el barco pueda salir sin mayores dificultades” del expediente sancionador.
Reacciones
La noticia de la posible sanción al Aita Mari ha generado la reacción de instituciones y partidos vascos. El Gobierno autonómico que ha defendido los “valores humanos y solidarios” del barco y ha deseado que “pueda salir lo antes posible en misión humanitaria”.
El director vasco de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, ha reconocido que desconoce “los detalles del expediente abierto por el Gobierno español”. Ha asegurado sin embargo que las “instituciones públicas están para desbloquear conflictos y apoyar iniciativas como ésta, que salvan vidas”.
El diputado del PNV Iñigo Barandiaran ha remitido al Congreso una batería de preguntas en las que solicita al Gobierno información sobre este asunto.
EH Bildu en el Congreso ha pedido la comparecencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Quiere que explique “los motivos, razones y situación del expediente sancionador”. EFE
