San Sebastián (EFE).- La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia archiva provisionalmente una de las dos querellas por el denominado caso Bidegi. Se trata de una denuncia que la Diputación de Gipuzkoa presentó, cuando era gobernada por EH Bildu, por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos relacionados con la construcción de la autopista AP-1.
Segunda querella del caso Bidegi
El auto no es firme. En su contra cabe interponer aún un recurso de apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa en un plazo de tres días.
La investigación sobre el caso Bidegi comenzó en noviembre de 2014. La Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu, presentó una querella por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos relacionados con la construcción de la autopista AP-1.
Esta primera querella, que aún sigue en fase de instrucción, está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1. La acusación calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros.
Esta querella se amplió posteriormente al entender que las irregularidades se extendieron a los trabajos de los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki.
Durante el gobierno de Bildu
Posteriormente, la Diputación presentó una segunda querella por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones de euros y un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza. Se trata de la que ahora se ha archivado.
La Diputación interpuso ambas querellas cuando estaba gobernada por Bildu. Se refieren a la actuación del ejecutivo anterior, que presidió Markel Olano (PNV) entre 2007 y 2011.
La Diputación, institución que presentó las querellas, continúa personada en la causa, aunque ahora su estrategia se alinea con la de los imputados, el exdirector técnico de Bidegi, el gerente de la UTE Arlaban, que ejecutó los trabajos, y el responsable de la Ingeniería Euroestudios, que ejerció la dirección técnica de las obras, mientras que cuatro exjunteros de EH Bildu mantienen la acción popular.
Delito no acreditado
El auto emitido ahora por el Juzgado de Azpeitia señala que, “de las diligencias practicadas” en el marco de esta segunda querella, “no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa”.
“A pesar de la extensa actividad probatoria no ha podido determinarse, ni siquiera indiciariamente, si efectivamente fue o no defraudada una cierta cantidad presupuestaria con ocasión de la realización de las obras ejecutadas en la autopista AP-1 Vitoria/Gasteiz-Eibar, tramo Arlaban-Eskoriaza norte”, remarca el escrito judicial.
“La extensa documental obrante en las actuaciones, con las declaraciones testificales y periciales practicadas, no ha hecho sino poner de manifiesto las numerosas incongruencias que presentaba” el informe pericial en el que se sustentaba la querella, remarca el auto.
Un informe que, por otra parte, revisó la propia Diputación con un segundo documento. En él detectó “innumerables deficiencias, errores y omisiones” que “invalidan” todas y cada una de las conclusiones establecidas” en el informe original.
“Innumerables deficiencias”
Paralelamente, la institución foral aportó un nuevo dictamen pericial. También “vino a desautorizar el informe previo” que, según el auto, partía de “un escenario erróneo”. Entre otros aspectos, consideraba “erróneamente” que la liquidación efectuada con Álava respecto a las obras realizadas tenía “carácter contractual entre Bidegi y la UTE contratista”.
La jueza explica que técnicos de la Diputación desvelaron que el informe que sustentaba la querella no era “válido” y “está plagado de fallos”. Destacaron que no hay en él “un apartado que no contenga errores, omisiones o todo tipo de imprecisiones”, así como de “formas de medir no apropiadas” que “invalidan en todo caso” sus conclusiones.
El auto, fechado el 25 de agosto, argumenta finalmente que el juzgado no consideró “proporcionada” la elaboración de un nuevo informe pericial sobre todo este asunto como solicitó la acción popular. Argumenta “el coste presupuestario” que supondría, estimado en unos 288.000 euros.
Motivos todos ellos por los que acuerda el sobreseimiento provisional de la querella. La jueza considera acreditado que el informe que la sustentaba “estaba repleto de errores”.
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha acusado a Bildu de “utilizar la Diputación” para atacar a su adversario político, el PNV,”
“Nula voluntad de esclarecer e caso”
Al mismo tiempo, el auto señala el “descrédito de quienes no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanas, utilizando a la Diputación foral con la intención de dañar directamente a quien consideraban su adversario político”, ha acusado Mendoza..
Por su parte, EH Bildu ha considerado que el archivo de la causa evidencia la “nula voluntad” de la Diputación de Gipuzkoa por esclarecer el caso y ha acusaso al PNV y a la Fiscalía de intentar que “cayera en saco roto impidiendo una tercera prueba pericial”.
