Bilbao (EFE).- Los trabajadores de Tubos Reunidos han mostrado su rechazo al ERE que plantea 301 despidos en las plantas de Amurrio y Trapagaran ante la delegación en Bilbao del Gobierno Vasco.
Han pedido, entre gritos y explosión de petardos, que se implique en dar una solución en favor del empleo en la empresa.
Representantes de la dirección y de los sindicatos mantienen en Bilbao la penúltima reunión de la mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa.
Mientras, la plantilla de la planta alavesa de Amurrio secunda una jornada de huelga en contra de los despidos convocada por el comité.
En la planta vizcaína de Tubos Reunidos en Trapagaran, los trabajadores están llamados a la huelga, convocada solo por ESK y LAB.
El seguimiento es minoritario, aunque por la mañana se han registrado piquetes informativos en el entorno de la factoría.
Coincidiendo con la reunión de la mesa negociadora, cientos de operarios se han concentrado desde primera hora ante el Palacio Euskalduna.
Después, se han manifestado hasta la delegación del Gobierno Vasco en la Gran Vía de la ciudad.
«Responsabilidad» del Gobierno Vasco
Los trabajadores han discurrido tras una pancarta en contra de los despidos entre gritos de «dirección, dimisión» y «borroka da bide bakarra» (la lucha es el único camino) en una ruidosa marcha, entre explosiones de petardos y pitidos.
La plantilla ha reclamado la implicación del Gobierno Vasco en la solución a la delicada situación pro la que atraviesa Tubos Reunidos.
«Pedimos al Gobierno Vasco implicación porque hay dinero público que se ha inyectado a esa empresa», ha señalado el representante de LAB Rogelio Hinojosa.
«¿Qué condiciones se han dado para que ese dinero público acabe en esa empresa y ahora se socialicen las pérdidas?», se ha preguntado el representante sindical tras denunciar que el plan de viabilidad de Tubos Reunidos «pasa sí o sí por echar a la gente».
«Las instituciones tienen que estar encima» en estos casos, ha insistido el representante de LAB.
Además, ha considerado que el Gobierno Vasco tiene «parte de responsabilidad» en este asunto. EFE
