Vitoria (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado medidas por 400 millones de euros para ayudar a ciudadanos y a empresas a afrontar la crisis energética durante los próximos meses, un asunto prioritario junto al cumplimiento del Estatuto de Gernika.
El pleno de Política General de este viernes con el que arranca oficialmente la actividad del Parlamento Vasco ha servido para tantear la disposición de los partidos de la oposición a alcanzar pactos para afrontar la inflación y la escalada de precios energéticos.
Ante un escenario de incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania y un ambiente preelectoral a ocho meses de los comicios municipales y forales de mayo, Urkullu ha propuesto a la oposición arrimar el hombro y alcanzar grandes acuerdos de país en cinco materias: los presupuestos de 2023, reforzar la Atención Primaria, el pacto educativo, el reto demográfico y la energía.
400 millones en ayudas
Para afrontar el negro escenario de crisis global ha anunciado un programa de medidas dotadas de 400 millones que servirán para cubrir las necesidades básicas de colectivos vulnerables, compensar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y facilitar créditos a empresas viables que estén en una situación complicada.
También ha anunciado una nueva deflactación del IRPF tras la aprobada recientemente del 4 %, el incremento en un 10 % de las Ayudas de Emergencia Social (AES), subvenciones para sufragar el gas en viviendas sociales y al sector de la alimentación para que la subida de precios no afecte tanto a los ciudadanos.
Ha explicado que este programa se financiará con recursos presupuestarios propios, con fondos europeos y también con fondos extraordinarios por el recargo fiscal a empresas energéticas.
Tras las secuelas dejadas por la pandemia, el lehendakari ha confirmado que se ampliará la plantilla de Osakidetza para que la temporalidad pase del 40 al 7 % y se reforzará la Atención Primaria con 358 plazas de médicos de familia y personal sanitario.
Estos objetivos han orillado otras aspiraciones históricas del nacionalismo. Urkullu no ha mencionado la aspiración a un nuevo estatuto y solo ha exigido que se culmine el actual.
Para ello pide que se cree una comisión permanente entre los gobiernos central y vasco que garantice su cumplimiento. El portavoz del PNV Joseba Egibar ha sido tajante en esta materia: Hay que cumplir el Estatuto “y punto”, ha dicho.
Los principales partidos de la oposición por su parte han dejado la puerta abierta a lograr acuerdos de país pero con matices.
Bildu: pacto de bienestar
La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha reclamado un “pacto de bienestar” que incluya una reforma fiscal que grave a quien más tiene para lograr unos servicios públicos fuertes, medidas para pagar un precio “justo” por la energía y facilitar el acceso a la vivienda.
Ha afeado que Urkullu no apueste por un nuevo estatus pese a que se comprometió en 2015 a celebrar una consulta sobre esta cuestión y ha recalcado que muchas de las propuestas de la formación abertzale sobre energía, vivienda, servicios públicos o fiscalidad requieren tener soberanía. “¿Ha tirado usted la toalla?”, le ha preguntado.
Podemos: defensa de lo público
También la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, se ha mostrado partidaria de llegar a acuerdos para la defensa de lo público, para negociar con las grandes distribuidoras de alimentación precios asequibles para el consumidor y por la creación de una empresa pública de energía.
La líder de la formación morada ha puesto por delante las necesidades más básicas de la ciudadanía vasca al autogobierno, que a su juicio debe servir precisamente para blindar lo público.
PP: Bajada de impuestos
Desde el Partido Popular, Carlos Iturgaiz ha tendido su mano para sellar un pacto para los presupuestos del año que viene, para bajar los impuestos, reducir el número de altos cargos del Gobierno Vasco y para reforzar el sistema de salud y mejorar la educación.
Ha recordado que los populares siempre han defendido el “pleno y leal desarrollo” del Estatuto de Gernika y ha vinculado las discrepancias sobre las transferencias pendientes a la interpretación que hace el PNV del Estatuto que “no es la única posible” ni es “legítima”.
La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha acusado a Urkullu de vivir en una “realidad paralela”, de no tener empatía con los verdaderos problemas de los vascos, de ofrecer “placebos” frente a la actual situación y de ser como el doctor Jekyll y mister Hyde ya que “unos días reclama el cumplimiento del Estatuto y pactos de país y otros la patria vasca”.
PNV y PSE invitan a acordar
Los socios del Ejecutivo vasco, PNV y PSE, que gobiernan con cómoda mayoría, han invitado no obstante a la oposición a sumarse a los pactos para salir de la mejor manera posible de la crisis.
La única crítica del dirigente socialista Eneko Andueza ha sido su recordatorio de que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha comunicado en los últimos días que este es un momento propicio para diseñar una nueva fase de negociación de las transferencias pendientes y por tanto no ve necesaria la “queja permanente”. Por lo demás, ha dicho que su partido está “razonablemente satisfecho” con el gobierno de coalición.
A esto, el lehendakari, en la réplica, ha puesto en valor la “buena salud” del Gobierno de coalición que está ofreciendo “estabilidad institucional al país”. EFE
Escrito por Elena Puerta
Editado por Julián Negro
