Jerusalén, (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes que paraliza temporalmente la tramitación de la polémica reforma judicial para tratar de llegar a un consenso con la oposición, ante la amplia contestación social que ha suscitado las mayores protestas de la historia de Israel.
“Por responsabilidad nacional, decidí suspender la segunda y tercera lectura de la ley (de elección de jueces) en esta sesión de la Knéset (Parlamento) para dar tiempo a tratar de llegar a un acuerdo amplio, en preparación para la legislación durante la próxima sesión parlamentaria”, declaró en un mensaje televisado el primer ministro, aunque no abandona por completo el proyecto, que espera salga adelante en los próximos meses.
La Knéset (Parlamento israelí) entrará en receso todo el mes de abril, por la Pascua judía, y el gobierno se ha dado de plazo hasta la pausa del verano en julio para hacer los ajustes necesarios a la reforma, vista por la oposición y amplios sectores sociales como una amenaza para la democracia porque socava la independencia de la Justicia.
El primer ministro mantuvo hoy reuniones todo el día con sus socios de coalición, con los que acordó retrasar la tramitación de las leyes que conforman la reforma judicial a después del receso parlamentario, incluido el proyecto de ley de elección de jueces -que da al Gobierno control casi total sobre el comité de selección- cuya aprobación definitiva estaba prevista para esta misma semana.
“Cuando es posible prevenir una guerra fratricida con negociaciones, yo, como primer ministro, me tomo un tiempo para negociar. Doy una oportunidad para una discusión real”, afirmó Netanyahu en una esperada intervención televisada, que se había anunciado para horas antes ante las masivas protestas en todo el país, e incluso la convocatoria de una huelga general.
Sin embargo, el primer ministro insistió en la necesidad de acometer una amplia reforma de sistema judicial, aunque por primera vez en tres meses se mostró dispuesto a negociar con la oposición sin imponer el plan del gobierno en el Parlamento.
“Insistimos en la necesidad de realizar las correcciones necesarias en el ordenamiento jurídico, y daremos la oportunidad de lograr un amplio consenso”, señaló el primer ministro, que tiene tres juicios abiertos por corrupción.
Netanyahu cesó anoche a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, después de que este se pronunciara públicamente a favor de frenar la reforma ante la amplia contestación social que ha provocado, que ha llevado incluso a miles de reservistas a negarse a servir, lo que suponía a su juicio un “peligro real e inminente para la seguridad de Israel”.
Como respuesta, un récord de más 650.000 israelíes salieron anoche a las calles de todo el país, sobre todo en Tel Aviv, en protestas improvisadas que se convocaron rápidamente por las redes sociales, después de trece semanas consecutivas de manifestaciones desde que se anunciara la reforma.
La contestación social se mantuvo hoy, con un llamado a la huelga general por parte de la Unión General de Trabajadores, el principal sindicato de Israel, que fue seguida por universidades, bancos, la compañía eléctrica, cadenas de restauración como McDonalds, ayuntamientos y hospitales.
Además, los trabajadores del aeropuerto internacional de Ben Gurion lograron que se suspendiera durante varias horas los despegues de vuelos, y también se ha frenado el tráfico en el puerto de Ashod; mientras los manifestantes volvieron a las calles.
Más de 100.000 manifestantes se congregaron hoy de nuevo frente a la Knéset en Jerusalén para pedir el fin de la reforma judicial, mientras que una contramanifestación progubernamental, organizada por grupos de extrema derecha, se convocó rápidamente en la misma zona, con miles de asistentes, entre ellos el ministro Itamar Ben Gvir.
Sin embargo, los grupos anti-reforma ya avanzaron que no se contentan con el retraso en la tramitación de la reforma anunciado por Netanyahu, sino que seguirán con sus protestas hasta que esa legislación quede cancelada y se plantee una nueva reforma consensuada con la oposición.
Ministro Ben Gvir pacta con Netanyahu retrasar la reforma judicial
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pactó hoy con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, retrasar la tramitación de la reforma judicial varios meses, pero no suspenderla definitivamente, informó su partido Poder Judío.
El ministro de extrema derecha, que hasta ahora era el miembro del Gobierno más reticente a pausar esa legislación pese a las masivas protestas, señaló que ha accedido a “una extensión hasta la próxima sesión para aprobar la reforma a través de negociaciones”, informó su formación en un comunicado.
La próxima sesión comenzará en mayo, después del receso por la Pascua Judía y se extenderá hasta julio, otorgándole así tres meses al Gobierno para seguir negociando con la oposición.
Los puntos más polémicos de la reforma judicial de Netanyahu que divide Israel
Israel está sumido en su mayor crisis constitucional desde su fundación en 1948 desde que el nuevo gobierno de Netanyahu anunciara su plan de reforma judicial, que busca mermar la independencia de la Justicia y aumentar el control del Ejecutivo sobre la misma.
Hoy mismo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo un llamamiento urgente a Netanyahu, a “actuar con responsabilidad y valentía” y detener “de inmediato” el proceso legislativo de la polémica reforma judicial que divide al país.
Netanyahu cesó anoche a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, después de que este pidiera públicamente frenar la reforma judicial, la primera voz crítica dentro del Gobierno, lo que desató manifestaciones masivas e improvisadas en todo el país, con la asistencia de más de 650.000 personas, que se espera se repitan hoy.
La Unión General de Trabajadores de Israel, el mayor sindicato del país, anunció este lunes que si el Gobierno no detiene la reforma judicial, comenzará una huelga general que se extendería a incontables sectores de la economía y a los principales hospitales del país.
La decisión fue anunciada por el presidente de la entidad, Arnon Bar-David, tras dos días consecutivos de masivas protestas contra la reforma judicial y después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, cesara a su ministro de Defensa por pedir frenar temporalmente esa polémica legislación ante la división social.
Los puntos más controvertidos de la reforma judicial
La legislación, cuyos aspectos más polémicos ya avanzan en la Knéset (Parlamento israelí), ha provocado las mayores protestas de la historia de Israel, con un récord de 650.000 asistentes anoche, después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir frenar su tramitación.
El Gobierno alega que el Tribunal Supremo históricamente se ha inmiscuido demasiado en asuntos políticos, por lo que es necesario poner un límite a esos poderes; mientras que los detractores de la reforma aducen que un poder judicial independiente es vital para la salud democrática del país, donde los poderes legislativo y ejecutivo suelen fundirse al ser siempre la coalición gobernante quien acapara la mayoría parlamentaria, con poder casi absoluto para imponer leyes.
Estos son los puntos más controvertidos de la reforma:
1- Elección de los jueces: El comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces actualmente está compuesto por nueve miembros, entre jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del gobierno; de forma que se requiere un acuerdo entre todos para elegir a los jueces.
La reforma planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, busca ampliar a once los miembros del comité y cambiar la composición del comité: tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición; lo que otorgaría al gobierno una mayoría de seis miembros sobre once.
Esta es la versión suavizada de la ley de selección de jueces, modificada hace una semana, ya que la formulación inicial daba al gobierno una mayoría de siete miembros, con poder absoluto en la elección y destitución de todos los jueces, incluidos los del Supremo. Estaba previsto que se aprobara esta ley en la Knéset esta misma semana.
2- Revisión judicial: Los cambios propuestos buscan frenar que la Corte Suprema pueda revisar la legislación, incluidas la Ley Básica, cuerpo de leyes con rango constitucional. La reforma busca exigir que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80 % del panel de jueces del Supremo, cuando ahora solo es necesaria una mayoría simple.
Este es un punto que incluso algunos detractores de la reforma defienden, ya que muchos opinan que el Supremo tiene demasiado poder para revertir leyes, aunque difieren en la forma y defienden que para la aprobación o modificación de leyes básicas sea preciso más que una mayoría simple en el Parlamento.
3- Clausula de Anulación: Se trata de uno de los aspectos que más polémica han desatado, ya que permitiría que una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo cuando estos impliquen revertir o modificar leyes.
Los que se oponen a la ley ven esta clausula como una clara violación de la separación de poderes y la independencia judicial y, por ende, una seria amenaza para la democracia israelí. La propuesta de ley que incluye la clausula de anulación, que también permite blindar leyes ante su revisión judicial, pasó en primera instancia hace dos semanas y su aprobación definitiva se retrasó para mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía.
4- Asesores legales de los ministerios: La reforma planteada por el Gobierno busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios, que hasta ahora eran expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia, a abogados elegidos políticamente. Además, las opiniones de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento.
De esta forma, los ministros respectivos tendrán control total para elegir y despedir a los asesores, lo que para los detractores de la reforma implica una clara politización de los controles judiciales.
5- Razonabilidad: La reforma pretender limitar el alcance del concepto de “razonabilidad” por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables.
En base a este criterio, el Supremo consideró en enero “irrazonable” el nombramiento como ministro de Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses después de que este fuera condenado por fraude fiscal y eludiera la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.
