Oviedo (EFE).- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el decreto que regula el reconocimiento de la dependencia y del derecho a las prestaciones correspondientes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que incluyen servicios (prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y atención residencial) y apoyos económicos.
Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, esta norma supone la culminación del plan de choque 2019-2023 y tiene como objetivo, además de eliminar cargas burocráticas y agilizar la gestión, mejorar la calidad en la atención a las personas desde el mismo momento de la solicitud.
Desde diciembre de 2019 hasta finales de 2022, el Principado reducido el tiempo medio de tramitación de 19 a 8 meses.
En la actualidad, uno de cada tres expedientes ya se despacha en menos de seis meses y el nuevo procedimiento permitirá que la mayoría de los expedientes puedan resolverse antes del plazo legalmente previsto.
El incremento de solicitudes desde 2019 (en estos momentos hay cerca de 44.000 expedientes activos) junto con las 28.977 personas que reciben actualmente una prestación del SAAD (8.000 más que en 2019) han motivado la necesidad de reforzar la plantilla con 35 empleados públicos, el mayor incremento de la serie histórica.
El Gobierno ha resaltado que este esfuerzo se complementa con iniciativas que mejoran la eficiencia de los procesos, como el nuevo decreto.
Revisión de un procedimiento diseñado hace 14 años
La última medida del plan de choque consiste en la revisión total del procedimiento diseñado hace 14 años, para dotarlo de mayor agilidad, incorporar el uso de las nuevas tecnologías, evitar duplicidades, eliminar cargas burocráticas y adaptarlo al modelo de atención centrada en la persona.
La nueva norma establece un único procedimiento, centraliza la tramitación en la Administración autonómica en todas sus fases y facilita el acceso de las personas a este sistema.
Además, abre la vía telemática para realizar trámites, al tiempo que consolida la gestión de urgencia en determinadas situaciones, y también contempla la colaboración de las entidades privadas en el control de las prestaciones.
El nuevo marco normativo, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), “contribuirá de manera decisiva a la mejora del sistema, ya que se ha elaborado con el fin de facilitar el pleno ejercicio de sus derechos a las personas dependientes y a sus familias”, ha incidido la portavoz del Ejecutivo. EFE
