La consejera de educación, Lydia Espina, en una imagen de archivo. EFE/Paco Paredes

Educación garantiza a los centros que “no hay supuestos sin cobertura”

Oviedo (EFE).- La Consejería de Educación ha remitido a los centros educativos un boletín sobre la polémica de los seguros en el que subraya que “no hay supuestos sin cobertura” y que existen “las mismas garantías” que cuando se contaba con un seguro de responsabilidad civil a través de una aseguradora.

Educación ha insistido en que el Principado, como cualquier administración, “es siempre responsable patrimonial de su normal o anormal funcionamiento” de forma que “de producirse un siniestro se hace cargo de los eventuales gastos que se generen”.

La Dirección General de la Función Pública tenía hasta febrero del pasado año un seguro de responsabilidad civil para toda la administración del Principado, pero desde esa fecha lo asume “de forma directa, sin la mediación de aseguradoras”.

De esta forma, expone la Consejería, “se trata de un cambio de gestión puramente administrativo, que no afecta al personal dependiente del Principado” y, por tanto, “no hay supuestos sin cobertura y sí hay un cambio en la forma de financiación, pero con las mismas garantías”.

Al margen de la responsabilidad civil, Educación insiste en que todos los centros educativos asturianos tienen seguros en vigor.

En el caso de los centros de Primaria, cuyos edificios pertenecen a otras administraciones, la Dirección General de Centros, Red 0-3 y Enseñanzas Profesionales tiene contratado un seguro de pérdidas y daños materiales de los bienes tangibles que forman parte del contenido de los centros educativos públicos, así como de pequeñas obras de acondicionamiento y reforma necesarias para el desarrollo de la actividad educativa.

Los centros de Secundaria y Formación Profesional, cuya propiedad sí es de la Administración del Principado, tienen otro seguro diferente tanto para el contenido como para el continente.

En este caso, precisa Educación, el seguro lo suscribe la Dirección General de Patrimonio, al igual que hace con el resto de inmuebles de titularidad autonómica.

PP y Foro piden la comparecencia de la consejera

Educación ha trasladado esta aclaración a los centros el mismo día en que el Partido Popular y Foro han registrado en la Junta General una petición de comparecencia de la consejera, Lydia Espia, para que dé explicaciones sobre la situación de los seguros en los centros educativos.

En sendos comunicados, la diputada del PP Gloria García, portavoz de Educación, y el secretario general y parlamentario de Foro, Adrián Pumares, han coincidido en señalar que las explicaciones trasladadas desde la consejería no son nada tranquilizadoras.

“Las explicaciones que da el Principado no nos tranquilizan ni mucho menos, al contrario”, ha subrayado la parlamentaria popular.

Por ello, el PP también ha registrado en la Junta General una solicitud de “información detallada sobre las pólizas, coberturas y duración de los seguros en los centros educativos de la región”.

“Estaríamos ante una barbaridad inaceptable ante la posibilidad de que los alumnos hayan realizado salidas de los centros educativos sin contar con cobertura en caso de accidente o responsabilidad civil”, ha advertido la parlamentaria popular sobre la denuncia realizada ayer por CSIF, que fue contestada desde Educación para asegurar que todos los centros cuentan con seguro.

Por su parte, Pumares, ha incidido en que las explicaciones de la consejería no tranquilizan “en absoluto” porque “no es lo mismo contar con un seguro escolar de asistencia sanitaria que con un seguro de responsabilidad civil”

“Estamos ante un problema muy grave y queremos conocer las explicaciones de la Consejería de primera mano”, ha reclamado Pumares.

CSIF emitió ayer un comunicado en el que denunciaba que, desde finales de febrero de 2023, los centros educativos “no están cubiertos por ningún tipo de seguro que los ampare ante cualquier tipo de accidente que se pueda producir”.

Desde la Consejería de Educación se pidió “responsabilidad y rigor” en asuntos que podrían “alarmar de manera innecesaria a la comunidad educativa”.