Oviedo (EFE).- El Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, un texto que reconoce a niños y adolescentes los derechos de expresión, libertad de información, a ser escuchados, libertad ideológica, asociación y reunión, igualdad o educación.
La nueva normativa, además de blindar la condiciones de los menores como personas titulares de derechos, pretende consolidar un sistema de protección integral y garantista para niños y adolescentes, según ha señalado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del Principado.
Este proyecto, que contiene ocho títulos y 129 artículos, sustituirá a la Ley del Menor del año 1995 y recogerá los cambios legislativos importantes que en materia de infancia ha habido en estas tres décadas, ha señalado la consejera, que ha incidido en que ha sido elaborado con la participación de niños y adolescentes, con perspectiva de género y de discapacidad.
Según la consejera, pone el foco en actuaciones de sensibilización, detección precoz, asistencia y amparo frente a cualquier forma de violencia, además de robustecer la prevención y la creación de entornos seguros.
Plan estratégico
El documento, que ahora se remitirá a la Junta General para su tramitación parlamentaria, obliga a incorporar en todos los proyectos normativos un informe de impacto en la infancia y la adolescencia.
Además, recoge la obligación de elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a la infancia y la adolescencia en el que se definan las políticas públicas para hacer efectivos los derechos de niños y adolescentes, plan que deberá ir acompañado de una memoria económica.
El proyecto también asegura la continuidad del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, como órgano de coordinación y asesoramiento, así como del consejo autonómico de participación.
Igualmente, el texto legislativo robustece la colaboración entre los servicios sociales y los sistemas sanitario y educativo, así como con los ayuntamientos, para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores.
Con el mismo propósito, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.
Acogimiento familiar
La iniciativa mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención, pero desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo, entre otros.
En concreto, recoge de modo pormenorizado los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.
Respecto al acogimiento familiar, el texto ordena las compensaciones económicas y plantea como novedad que la familia extensa y las personas allegadas puedan recibir formación específica para ofrecer la mejor atención a los menores.
En cuanto al acogimiento residencial, regula los programas de preparación para la vida independiente desde los 16 años, así como los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad, hasta los 26 años.
El proyecto incorpora un capítulo específico sobre menores migrantes no acompañados, en el que se garantiza el acceso a diferentes servicios, independientemente de su situación administrativa.
Régimen sancionador
Entre otras novedades, el proyecto incorpora un régimen sancionador que afectará a las personas físicas o jurídicas que vulneren los derechos reconocidos o lleven a cabo actividades no pemitidas en la ley.
Como ejemplo, ha señalado que habrá sanciones administrativas para quienes no inscriban a un menor en el registro civil.
La ley, que tendrá una versión de lectura fácil dirigida precisamente a los menores, también recomienda a los ayuntamientos y al Gobierno que celebren el Día de los Derechos de la Infancia para su visibilización. EFE
