Pruvia (Llanera) (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado este jueves que la convalidación en el Congreso de los Diputados del decreto que prorroga los contratos de alquiler es algo «absolutamente necesario, con o sin guerra».
En una rueda de prensa celebrada en Pruvia (Llanera), donde UGT ha celebrado una delegación de delegados, el líder sindical ha abogado por garantizar un control de los precios de la vivienda en alquiler porque «cada día son más abusivos».
Álvarez ha remarcado que «la vivienda es un bien público, más allá de que sea una propiedad privada», y por ello «tiene que tener una regulación» y «ahora se hace urgente que se mantengan las limitaciones».
El secretario general de UGT también se ha referido al decreto ley que recoge el plan de medidas para mitigar el efecto de la guerra en Oriente Medio y que previsiblemente será convalidado hoy en el Congreso.
Álvarez ha admitido que dicho decreto era «el único posible» porque el Gobierno necesita contar con una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso, si bien ha mostrado su disconformidad con unas rebajas fiscales porque «tratar a personas desiguales de manera igual es una injusticia», algo que ha pedido tener en cuenta de cara a futuras medidas.
Negociación colectiva
En su comparecencia ante la prensa, Álvarez también ha instado a la patronal CEOE a negociar un Acuerdo de Negociación Colectiva pese a que «parece que no tiene mucho interés en sentarse».
A este respecto, ha remarcado que «no hay ninguna excusa para que este año no se haga la negociación de los convenios colectivos en buenas condiciones» porque los márgenes empresariales crecieron el pasado año un 14 por ciento.
Álvarez, quien también ha incidido en la necesidad de avanzar en la prevención de la siniestralidad laboral y en la regulación de las horas extraordinarias, ha insistido en que «se debe abordar una negociación colectiva en el que se puedan repartir esos márgenes empresariales».
Registro horario
El secretario general de UGT también ha expresado su enfado con el informe del Consejo de Estado sobre el registro horario, que ha calificado de «impresentable» porque a su juicio no se puede «reconocer que se hacen millones de horas extraordinarias en nuestro país cada semana y después decir que no se puede regular».
Álvarez, quien ha lamentado que el informe se sitúe cerca de las tesis de la patronal, ha remarcado que es «un hecho indiscutible» que en España «hay millones de personas que cada día están sometidas a aumentar la jornada y, en la inmensa mayoría de los casos, sin tener una retribución».
No a la guerra
El dirigente sindical ha abogado por convertir el Primero de Mayo «en una manifestación masiva» de ciudadanos que apuesten por la paz y que pidan «acabar con todas las malditas guerras».
A este respecto, ha advertido a la derecha política de que aquí «no valen las medias tintas» y «hay que decir de verdad lo que se piensa» ante unos conflictos que ponen en peligro el derecho internacional y la estabilidad mundial.
Industria de defensa
Preguntado por la adjudicación de contratos de defensa a Indra a los que también aspiraba Santa Bárbara, Álvarez ha considerado que «hay suficiente» pastel para que «hacer compatible las dos» y que la fábrica de esta última en Trubia «no quede fuera» y pueda mantener sus puestos de trabajo.
A este respecto, ha destacado que en la estrategia de Europa de reforzarse en defensa España debe reclamar «su parte del pastel» en el desarrollo industrial del sector.
Por su parte, el secretario general de UGT de Asturias ha calificado como «fundamentales» para el desarrollo de la industria en la comunidad las infraestructuras impulsadas por el Gobierno de España dentro del plan de planificación energética para poder ejecutar las inversiones que «muchas empresas están anunciando y para atraer nuevas empresas».
En este sentido, ha pedido una labor «pedagógica» a todos los municipios de Asturias para que entiendan que «no hay plan B», ya que o se dispone de «electricidad suficiente» para garantizar el suministro en cantidad y en calidad a la industria, aparte de a los ciudadanos, o «se va a poner en peligro» la continuidad de algunas empresas.