Tormaleo (Ibias) (EFE).- Los cuatro mineros de la Mina Miura, ubicada en la localidad de Tormaleo, en la comarca suroccidental de Asturias, han celebrado hoy la fiesta del Primero de Mayo encerrados por noveno día consecutivo a 300 metros de profundidad para exigir el pago de las nóminas que les adeuda desde hace un año la empresa Carbones La Vega, propietaria de la explotación.
Después de que un quinto trabajador abandonase la protesta por las duras condiciones del encierro, sus cuatro compañeros -Héctor López Lago, Héctor Pérez Fernández, Santiago González Álvarez y José María Pérez Pereira- han asegurado encontrarse bien de ánimo tras recibir el respaldo de varios centenares de personas congregadas en la bocamina de la explotación convocados por el SOMA-FITAG-UGT.
«De ánimo estamos bien, aguantamos. La salud va pasando factura por el frío y la humedad pero hay que seguir. Estamos aquí con la intención de conseguir algo y no vamos a cejar, pero hay que seguir en la lucha», ha afirmado Pérez Pereira, que ha agradecido el «espectacular» apoyo que están recibiendo tras salir unos minutos del pozo para reunirse con los concentrados y recibir su respaldo en forma de abrazos y ánimos.
El secretario general del sindicato minero de la UGT, José Luis Alperi, pese a percibirlos con ánimo para mantener la protesta, ha mostrado no obstante su preocupación por los cuatro trabajadores. «Son mineros, nadie les va a decir lo que hay en el sitio donde están encerrados: agua y frío», ha subrayado tras advertir de que son perfectamente conscientes de las medidas de seguridad necesarias.
Se trata de un Primero de Mayo «diferente», ha apuntado Alperi, cuyo sindicato optó por trasladar la conmemoración a este pequeño pueblo del concejo de Ibias en lugar de sumarse a la manifestación convocada por UGT y CCOO en Gijón, a la vez que ha defendido que se cumple así con el «espírítu» de esta celebración, «que es estar allí donde los trabajadores tienen problemas».
El dirigente sindical ha considerado sorprendente que en pleno siglo XXI un grupo de trabajadores tengan que seguir movilizándose por algo «tan básico» como cobrar sus salarios en una fecha histórica para el movimiento obrero que reclamaba en sus inicios en el siglo XIX el logro de las ocho horas de jornada diarias.
El horizonte para el conflicto se sitúa ahora, según Alperi, en el juicio previsto para el próximo 5 de junio después de que la empresa solicitase el pasado 13 de abril el preconcurso de acreedores y mientras tanto sin haber avances sobre el cobro de los salarios pendientes en una explotación en la que se está dando la circunstancia, ha subrayado, de que hay «un empresario a la fuga y un director facultativo a la fuga».
Empresa sancionada
Después de que el Gobierno asturiano haya propuesto una sanción de 3.000 euros a la empresa y una suspensión de funciones a su director facultativo de seis meses, el dirigente sindical le ha exigido que «haga más» dado que trata una concesión adjudicada por la administración autonómica, que debería protegerla para garantizar la continuidad de la mina «en una zona donde es muy difícil encontrar otro trabajo».
«Hay que traerlos de las orejas y preguntarles a las claras qué tienen previsto hacer con esta explotación», ha subrayado el secretario general del SOMA-FITAG-UGT respecto a una empresa paralizada por el cambio de propietario de la explotación, que adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas y retomar la actividad sin que haya cumplido su promesa.
Además, desde Tineo, donde se ha desplazado para asistir a la inauguración de su Feria de Muestras, los mineros encerrados han recibido el apoyo del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que ha asegurado que están peleando algo «absolutamente justo, que se les paguen las nóminas que se les deben».
“No se puede entender que todavía existan empresarios que se niegan a pagar las nóminas a sus trabajadores, y creo que no hay mejor día que este Día del Trabajador para ponernos a su lado y darles todo el apoyo”, ha afirmado Queipo.
Los derechos mineros fueron vendidos por la empresa Carbones La Vega, de la familia del empresario Chus Mirantes, propietario a su vez de la mina de Cerredo en la que fallecieron cinco trabajadores en una explosión en marzo del pasado año, un suceso que aún está bajo investigación judicial.
La explotación minera de Tormaleo recibió de dos inspectores del Servicio de Minas que instaron a los trabajadores a abandonar de manera voluntaria el encierro al no estar garantizada su seguridad y les alertaron de los riesgos derivados de la falta de supervisión técnica al carecer de dirección facultativa. EFE
