Oviedo (EFE).- La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que fija en 31,2 millones de euros la cuantía máxima que la empresa TYC Narcea tendría que devolver por las ayudas al cierre percibidas por la anterior titular de la concesión, ha informado a EFE este lunes el portavoz de los trabajadores, Carlos Menéndez.
La Abogacía del Estado ha dictado una comunicación, a petición del Instituto de Transición Justa (ITJ), en la que acuerda iniciar el procedimiento para la aplicación de lo previsto en la ley de cambio climático para proceder a la devolución de ayudas hasta un máximo de 31,2 millones.
El organismo ha otorgado un plazo de quince días a TYC Narcea para que pueda aportar documentos y realizar alegaciones y, concluido este trámite, se dictará una propuesta de resolución.
El portavoz de la plantilla, que afronta su segunda semana de acampada permanente en el Paseo de los Álamos de Oviedo, ha señalado que TYC Narcea alegará que es una «unidad de producción diferente» a la antigua carbonera y que, por tanto, no le corresponde devolver ninguna de las ayudas.
Según ha indicado, tras el plazo de alegaciones, se abrirá un periodo de hasta tres meses de tramitación entre el ITJ y la empresa antes de que haya una resolución definitiva, por lo que no se espera respuesta final hasta septiembre.
El portavoz ha subrayado que recibir este informe «era una de las dos condiciones que los trabajadores habían fijado para levantar la acampada», pero que la otra, que el proyecto de explotación salga a información pública, «sigue sin cumplirse», por lo que la plantilla continuará concentrada.
Los trabajadores han recibido este lunes la visita del diputado de Sumar en Congreso Rafael Cofiño y el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, quienes han exigido que se active de inmediato la tramitación del proyecto de explotación.
Cofiño ha reclamado que la Dirección General de Minas tiene que «trabajar en paralelo» con el proceso abierto en ITJ, de forma que «cuando llegue la resolución del organismo el proyecto autonómico esté listo para ejecutarse».
Esta semana, 56 de los 68 trabajadores quedarán afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), mientras otros 12 permanecen en la mina realizando labores de mantenimiento, debido a la paralización de la explotación a raíz del accidente mortal.
La plantilla aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que la empresa se comprometiera a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina.
El Principado garantiza agilidad
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado que el Gobierno del Principado está tratando de ser «lo más ágil posible» en el ámbito de sus competencias, para lo que ya ha iniciado la tramitación del proyecto de explotación.
Al mismo tiempo, ha recordado que se realizará un informe jurídico para determinar si es posible la autorización del proyecto de explotación condicionada al pronunciamiento que emita ITJ sobre la devolución de las ayudas al cierre percibidas por el anterior titular de la concesión.
«Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano», ha insistido antes de señalar que se trata de una tramitación «muy compleja» para lo que está manteniendo conversaciones con la empresa de cara a la subsanación de errores en su documentación.
El objetivo es que cuando el ITJ emita una resolución sobre las ayudas, el proyecto de explotación esté «lo más avanzado posible». EFE
