Oviedo (EFE).- Asturias rechazará el nuevo modelo de financiación autonómica que será objeto de debate y votación en la reunión que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrará próximo viernes por considerarlo «injusto e insolidario».
Según el portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se trata de una propuesta injusta para Asturias, pero también para el resto de comunidades del noroeste del país, mientras que beneficia a Cataluña y Canarias, que tienen previsto apoyar el nuevo modelo, al Arco Mediterráneo, Andalucía, Madrid y Baleares.
Al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en el que se ha estrenado como titular de Derechos Sociales Nerea Monroy, Peláez ha incidido en que el modelo propuesto ni responde a los intereses y necesidades del Principado ni cumple con los preceptos consensuados en el parlamento asturiano en 2020 y en la Declaración de Santiago, suscrita en 2021 por ocho comunidades autónomas.
Una reforma del modelo «no de cualquier forma»
“Este gobierno cumple lo que firma”, ha destacado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo asturiano que ha incidido en que Asturias considera que es necesario reformar el actual modelo «pero no de cualquier forma».
Para el Principado, lo justo es establecer un modelo que tenga en cuenta el coste de los servicios públicos y que sirva para garantizar la equidad en todo el país, pero el modelo diseñado por el gobierno central lo que hace es «ahondar en la capacidad fiscal, en la riqueza de los territorios como elemento fundamental para distribuir los recursos, un modelo injusto».
https://efe.com/principado-de-asturias/2024-08-02/barbon-no-apoyara-el-cupo-catalan-si-va-en-contra-de-asturias/
El Gobierno de Asturias viene defendiendo que la reforma del sistema de financiación debe basarse en el coste objetivo de los servicios públicos de modo que se garantice la equidad con independencia del lugar de residencia y de la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma.
Esa es una premisa básica del acuerdo suscrito por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, como en la Declaración de Santiago, avalada por ocho gobiernos autonómicos, incluido el asturiano.
