Oviedo (EFE).- Los grupos parlamentarios del PP y Vox han recibido este miércoles a la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, en su primera comparecencia en la Junta General del Principado al arrancar los plenos ordinarios del periodo de sesiones con sendas interpelaciones para conocer la situación de su departamento en las que han cuestionado la idoneidad de su nombramiento.
Monroy, hasta ahora directora-gerente del organismo autónomo ERA, fue designada para el cargo tras la dimisión de su antecesora, Marta del Arco, que había permanecido varios meses de baja médica, y se convirtió así en la tercera consejera del ramo en el Gobierno durante la actual legislatura.
«He venido a gobernar», ha subrayado la nueva consejera , que ha reprochado a PP y Vox su intención «de generar ruido y preocupación donde debía haber responsabilidad y propuestas» en torno a un departamento en el que, ha asegurado, no la van a encontrar «atrincherada ni negando problemas» pero tampoco avergonzándose de lo que Asturias ha construido en los últimos años en derecho sociales.
Así, ha situado entre sus primeros retos el desarrollo del plan de choque para resolver el atasco generado en la tramitación de los expedientes de la ley de dependencia por la implantación de la Historia Social Única y ha reiterado el compromiso del Gobierno de reducir el plazo medio para gestionar esas peticiones a los 180 días que contempla la ley de frente los 387 en que se sitúa actualmente.
Según Monroy, la tramitación de esos expedientes está experimentando una progresiva aceleración durante los últimos meses, en los que se ha reforzado los medios materiales y humanos para afrontarla, con una gestión centrada en resolver los expedientes más antiguos y en la que como consejera se incorpora «a una tarea ya en marcha» con el compromiso de hacer los cambios necesarios y mantener lo que funciona.
Las explicaciones de la consejera no han convencido a la diputada del PP Beatriz Polledo, que ha rechazado que sea posible que el Gobierno cumpla su compromiso de reducir al finalizar este año el plazo medio de gestión de la dependencia a los 180 días que prevé la ley y se ha preguntado si en el momento en que se constate ese incumplimiento por parte de Ejecutivo «se nombrará a una cuarta consejera».
Según Polledo, Monroy se incorpora a una consejería «que lleva meses en estado de shock y años en descomposición política» procedente de un organismo como en ERA bajo cuya responsabilidad se ha «disparado» la lista de espera para ingresar en residencias públicas hasta las 3.600 personas según los últimos datos y sin haber creado ni una sola plaza pública residencia en su etapa como gerente».
«Su nombramiento no responde a ningún proyecto sino a una urgencia, no la han elegido para transformar nada sino para aguantar hasta el final de la legislatura y dar continuidad a un modelo agotado», ha afirmado la parlamentaria popular tras considerar que Monroy «representa la continuidad de un fracaso» y no es «la persona adecuada» para el cargo al venir de un organismo «que simboliza el colapso de la Consejería».
En la misma línea, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ha cuestionado que la nueva consejera vaya a resolver «lo que no se resolvió en tres años» al frente de un departamento «que se desmorona» y que gestiona 600 millones de euros al año «y pedía a gritos un gestor» para afrontar «el desastre» en que se convertido los servicios sociales en Asturias.
Frente a ello, ha subrayado, el presidente del Principado, Adrián Barbón, optó por nombrar «a una sindicalista sin formación técnica específica» cuya carta de presentación «es una trayectoria unilateral de dedicación al sindicalismo» que constituye, a su juicio, «un instrumento muy bien pagado al servicio de los socialistas».
