Oviedo (EFE).- La Dirección General de Consumo prevé resolver en noviembre el expediente que mantiene abierto contra la empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), para imponerle una sanción de 1,1 millones por las deficiencias sufridas en este servicio a causa de las obras realizadas y cuyo peaje se sigue cobrando de forma íntegra pese a ello.
Así lo ha avanzado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, tras mantener una reunión con la Unión de Consumidores (UCE Asturias) para abordar el estado en que se encuentra la tramitación de esta multa por una presunta «infracción muy grave» en materia de consumo.
La Dirección General de Consumo ha admitido la personación en el expediente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ahora tiene hasta el 20 de octubre para presentar alegaciones y, tras su estudio, se resolverá a lo largo del mes de noviembre.
En declaraciones a los periodistas, la viceconsejera ha señalado que este departamento prevé incorporar también al expediente la sentencia dictada recientemente por un juzgado de Oviedo que condena a Aucalsa a devolver a un usuario el peaje cobrado por tres trayectos realizado durante las obras.
«Esperamos que podamos concluir este expediente a la mayor brevedad posible, una vez que se estudian las alegaciones que presente el Ministerio», ha manifestado González, tras indicar que «todo el mundo entiendo que es un peaje ilegal» en una vía, además, en obras que causan perjuicio a los usuarios.
Vía judicial
Por su parte, el presidente de la UCE, Dacio Alonso, ha asegurado que el Gobierno asturiano ha sido «valiente» a la hora de plantear una multa de estas características, si bien la sanción debería ascender al entorno de los «50 millones de euros».
Alonso ha señalado que, una vez esté resuelto este expediente administrativo, su organización comenzará a presentar en los tribunales demandas civiles, agrupadas en grupos de 120 afectados, por las cantidades que los usuarios «han pagado de forma ilícita» con motivo de esas obras.
En este punto, ha comentado que la plataforma que la UCE ha abierto a todos los ciudadanos, sin necesidad de ser socio de la entidad, supera las 10.000 personas afectadas por las retenciones del trazado.
Alonso ha llamado a los afectados a que se inscriban en el registro habilitado para reclamar por la vía judicial las cantidades abonadas durante las obras.
Por otro lado, el presidente de la UCE ha añadido que el Tribunal Supremo ya dispone del informe dictado por la Comisión Europea que declara «ilegal» la prórroga del peaje de la AP-66.
«Sabemos que el Supremo ya tiene ese informe. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor nos sorprende y ojalá sea así, que antes de finalizar el año haya una sentencia ya del Supremo que considere lo que ha dicho la Comisión Europa que es ilegal la concesión», ha manifestado. EFE
