Oviedo (EFE).- Un total de once lobos han sido abatidos de los 53 que contempla el Plan de Gestión de esta especie que, tras la salida de este animal del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre), el Gobierno asturiano retomó en abril y que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo.
Otros ocho ejemplares han muerto entre abril y octubre por causas naturales o accidentales, según los datos aportados este jueves por el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, al que el PP intentó reprobar ayer en el parlamento asturiano, entre otros motivos, por la falta de transparencia y opacidad sobre el desarrollo y cumplimiento del Plan de Gestión del Lobo.
Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el titular de Medio Rural ha señalado en rueda de prensa que todas las extracciones han sido planificadas y supervisadas por la Guardería del Medio Natural y que ninguna ha sido fruto de las cacerías que contaban con autorización para que también se pudiesen abatirse lobos.
“El plan de gestión funciona, avanza y se ajusta a los tiempos previstos. Tenemos un modelo operativo y jurídicamente contrastado», ha afirmado el titular de Medio Rural al hacer balance este programa que, cuando se encuentra en su ecuador, ha ejecutado el 36 por ciento de las extracciones autorizadas para todo el año, si se incluyen los animales muertos por causas naturales o accidentales.
Según Marcos, se ve con estas cifras que el «programa avanza» y que funciona la planificación basada en la guardería de Medio Ambiente, que ha autorizado 174 cacerías, de las que 37 se han celebrado ya, aunque ninguna de ellas ha sido efectiva a la hora de abatir lobos.
La consejería ofrecerá el balance detallado la próxima semana, en la reunión del Comité Consultivo del Lobo, en el que están representados, además de la administración autonómica, ayuntamientos, organizaciones agrarias, cazadores, grupos conservacionistas y expertos en fauna silvestre.
Este programa fija los periodos para realizar extracciones en dos franjas del año: de enero a abril y de septiembre a diciembre, con extracciones puntuales entre mayo y agosto en casos concretos dado que el verano es tradicionalmente la época con menor eficacia del programa, mientras que el otoño y el invierno son las más propicias para la localización y control de ejemplares.
El plan prevé la extracción de seis lobos en la zona noroccidental, otros tantos en El Palo-Esva y el mismo número en el centro-occidental, cuatro en el suroccidente, ocho en la centro-oriental,y cuatro en el entorno de Picos de Europa, así como otros once, como mínimo, en áreas que queden fuera del ámbito del Plan de Gestión del Lobo que podrán abatirse durante todo el año.
Más de 2.000 expedientes
Hasta octubre se habían recibido en el Principado 2.049 expedientes por ataques de lobo por un importe estimado de más de un millón de euros, de los que se han abonado más de 580.000, con un periodo medio de pago que se sitúa por debajo de los 90 días con lo que, según Marcos, se está cumpliendo el compromiso adquirido por el Ejecutivo.
«La política del Gobierno se basa en la protección efectiva de los ganaderos, no en la confrontación», ha afirmado el consejero, que ha asegurado que los datos desmienten el relato de la derecha y de algunas organizaciones agrarias, ha afirmado el consejero, que ha dicho que «quienes durante meses han trasladado falsedades deberían de pedir perdón».
El lobo ocupa actualmente el 85 % del territorio asturiano y está conectado con el de las autonomías vecinas, de modo que su hábitat abarca una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados.
Según los últimos estudios del Principado, en la comunidad hay 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, mientras que la población estimada se sitúa entre los 345 y los 400 animales.
Desde 2001, cuando se registraron 22 manadas, la población de lobos ha mostrado una tendencia general de crecimiento, al igual que los daños sobre la ganadería, que en 2024 afectaron a 3.257 cabezas de ganado bovino, caprino, equino y ovino, lo que representa un aumento del 19,70 % respecto a 2021. EFE