Madrid (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado este lunes un sistema de imposición de multas de 5 euros a los pacientes que falten a una consulta médica sin avisar con 24 horas de antelación, como piensa instaurar Francia, y ha abogado más por “hacer pedagogía”.
García se ha pronunciado así en un desayuno informativo al ser preguntada por el anuncio del primer ministro de Francia, Gabriel Attal, sobre que piensa instaurar este sistema en 2025 con el fin de “responsabilizar” a los pacientes que faltan a una cita médica.
De acuerdo con datos del colegio de médicos francés, el coste anual de quienes faltan a las consultas sin previo aviso es de 27 millones de euros.
El plan francés
En una entrevista a un grupo de medios regionales sobre proyectos para mejorar la sanidad pública, Attal señaló que esta multa, con la que el Gobierno pretendería “responsabilizar” a los pacientes, podría entrar en vigor el 1 de enero de 2025, siempre y cuando el Parlamento francés lo apruebe.
La medida, si llega a aprobarse, se ejecutará con un cobro en la tarjeta bancaria del paciente, que tendrá que haber dejado sus datos previamente al médico.
La respuesta de Mónica García
“Yo no pondría el foco ahí”, ha respondido la ministra Mónica García, quien ha abogado antes por hacer “un poquito de pedagogía de lo que significa una cita médica, de lo difícil que es ahora mismo tener una y el valor que eso tiene” que por establecer modelos impositivos.
Durante el desayuno, la ministra ha avanzado que esta semana se darán “los primeros pasos normativos” de la ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud para poner “un cerrojo” a las malas prácticas.
Según sus palabras, dicho plan no será solamente del Gobierno, sino que aspira a que se “escriba con las manos de todos aquellos colectivos que llevan mucho tiempo luchando a favor de la sanidad pública”.
Porque una cosa es la sanidad privada, a la que solo pide que “lo haga bien y que trate bien a sus pacientes”, y otra “la privatización obscena de la sanidad”, que es la que detrae los recursos de la pública.
