Santander (EFE).- Siete comunidades autónomas han consensuado un documento en el que anuncian la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea por los incumplimientos del Gobierno de España de la legislación comunitaria con el lobo.
El documento lo han presentado en Santander, donde se han reunido los representantes de los Gobierno autonómicos con competencias en la gestión del lobo de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León para abordar el impacto de la especie en sus territorios.
Las comunidades piden que se convoque de forma inmediata una conferencia sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, que el Gobierno cumpla sus obligaciones con la Comisión Europea y remita de forma urgente el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie.
También exigen que el Gobierno central transfiera a los Ejecutivos autonómicos los fondos establecidos en la estrategia nacional de gestión de ese animal.
Al encuentro habían sido invitadas todas las comunidades y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagasen, que no ha asistido.
Según ha asegurado la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, el documento cuenta también con el apoyo de las comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
De esta forma, el texto contaría con el respaldo de todas las comunidades del PP, además de Canarias y País Vasco, mientras que no tendría el apoyo de las tres con gobiernos socialistas (Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha).
«Queremos dejar claro que nadie quiere acabar con el lobo, queremos convivir con él, pero su número está haciendo insostenible la ganadería extensiva», ha afirmado María Jesús Susinos.
Cambios normativos positivos
En el texto consensuado, las comunidades defienden como «positivos» los cambios normativos en Europa y la salida del lobo del Lespre, que permiten adoptar medidas de gestión de la especie para «mejorar la compativilidad con la ganadería extensiva».
Critican, por otra parte, que el Ministerio no ha enviado a la Comisión Europea el informe sexenal 2019-2024 sobre la situación del lobo en España, que tenía que haber remitido antes del 31 de julio de 2025.
El informe concluye que el estado de conservación de la especie es favorable y denuncian pagos pendientes del Gobierno a las comunidades para compensar los daños del lobo y facilitar las medidas preventivas.
Por ello, avanzan que «remitirán una denuncia formal ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario por parte del Estado español».
