Logroño (EFE).- Javier Castroviejo dirigió el parque nacional de Doñana durante 14 años, entre 1974 a 1988, una época en la que “había mucho entusiasmo” por iniciar proyectos de defensa de la naturaleza, algo que contrasta con la “desilusión” que aprecia en los jóvenes ahora porque “son conscientes de que en España no se cumplen las normas medioambientales”.
Así lo ha asegurado Castroviejo, en declaraciones a los periodistas, antes de intervenir en el VI Congreso Nacional de Agentes Forestales, que se celebra en Logroño, donde se ha referido a la Red Natura 2000, un conjunto de espacios protegidos a cuya creación él asistió.
El inicio de la democracia en España fue “un momento de empuje para el medio ambiente” porque “se querían hacer cosas y se hacían” para la protección de la naturaleza, como la creación de espacios protegidos, por ejemplo.
Ahora ve en los jóvenes que trabajan en este campo “una enorme desilusión” porque “saben que lo que están haciendo es inútil” y “comprenden que la situación ambiental de España es muy triste”.
Millones de euros diarios en multas
“No sé cómo estaríamos sin aquellas cosas que hicimos”, en alusión a las normativas medioambientales creadas hace décadas, “pero es triste pensar que existe una batería enorme de leyes y normas que no se cumplen”, ha afirmado.
En esta línea, ha explicado que “lo que vemos ahora son los efectos, como la contaminación, el mal estado de los humedales o la pérdida de biodiversidad”, pero “esos efectos tienen causas y esas causas tienen causantes, que es a donde no se quiere llegar” para “ver cómo no hacen su trabajo quienes tienen que hacer cumplir las normas”.
Ha puesto como ejemplo la “cantidad de directivas europeas que se deben cumplir en los espacios de la red Natura 2000” y que, “como no se cumplen, le cuestan a España millones de euros diarios en multas, aunque ni siquiera es fácil conocer el importe exacto”, ha añadido.
Esas multas, ha proseguido, “deberían pagarlas quienes permiten que pase eso, pero las abonan todos los españoles” y “el remedio para que no pase eso es fácil: cumplir las directivas europeas”, pero “para muchos es rentable no hacerlo porque pagan otros”.
“En Doñana hay una ley hecha para restaurar la marisma después del desastre de Aznalcollar (una catástrofe por vertidos tóxicos ocurrida en 1998) y en lo esencial no se ha cumplido todavía”, ha asegurado. EFE.
Edición Web: Luis Ortega
