Fotografía facilitada por la Guardia Civil sobre la incautación de pescado congelado no apto para el consumo en una anterior operación. EFE

Localizan en Sevilla 4,5 toneladas de pescado congelado con fecha de consumo alterada

Sevilla (EFE).- La Guardia Civil ha paralizado en Sevilla cuatro toneladas y media de pescado congelado. Lo ha hecho tras detectar a operarios de una empresa de la localidad de Alcalá de Guadaíra. Estaban reetiquetando las fechas de consumo preferente . Una parte podrían estar destinados a la Feria de Abril.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil con motivo de la prevención del comercio de productos no aptos para su consumo durante la Feria de Sevilla 2024. Así lo ha informado este sábado el instituto armado en un comunicado.

Según los indicios obtenidos en las investigaciones, la empresa compró el pescado congelado a sabiendas que su fecha de consumo preferente estaba vencida o superada desde hace dos años.

Entre los productos figuran cangrejos, bogavantes, bacaladilla, potón y chanquetes. El peso total es de más de cuatro toneladas y media.

Inspección en el almacén de la empresa

La inspección tuvo lugar hace unos días en el almacén de la empresa investigada. Allí se hallaron palés de lomos de bacalao congelado con fecha de consumo preferente de junio del año 2022. Tenían nuevas etiquetas con fecha de 2026.

Esto llevó a los agentes a una inspección más exhaustiva del almacén. En ella encontraron productos pesqueros de diferente naturaleza con fecha de caducidad vencida, algunos ya reetiquetados.

Una vez inspeccionada la mercancía, veterinarios del área de salud pública de Alcalá de Guadaíra decretaron el no apto para el consumo. Por ello quedaron precintados en las propias instalaciones. Están a la espera de su destrucción por una empresa autorizada.

Hasta el momento hay implicadas al menos seis personas. Se les investiga por supuestos delitos de falsedad documental y contra la salud pública. El Seprona continúa actualmente con la instrucción de diligencias y estudio de documentación, y no se descarta la implicación de más investigados.

En la inspección se ha contado con el apoyo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA) de la Junta de Andalucía, un técnico de trazabilidad del servicio de pesca de Sevilla, y de un veterinario de salud pública de Alcalá de Guadaíra.