Zaragoza (EFE).- El Gobierno de Aragón enviará un requerimiento al Ministerio de Política Territorial, como paso previo a la vía contencioso-administrativa, para que modifique los criterios para designar la sede la Agencia Espacial Española que frenan las aspiraciones de Teruel. También reclama la suspensión del plazo de 30 días para la presentación de candidaturas.
Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno en su reunión de este miércoles al entender que los parámetros “vulneran de forma flagrante la mayor parte de los principios que deberían haber regido la elección de la sede”.
Considerar las capacidades de Teruel
El objetivo, según ha explicado la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, es que los criterios se doten de objetividad y se tengan en cuenta las capacidades de Teruel para albergar la Agencia Espacial Europea y no condicionantes exógenos.
Entre los criterios que se han fijado en la orden publicada en el BOE destacan que la futura Agencia Espacial Española ocupará un espacio de unos 3.000 metros cuadrados y se ubicará en un lugar que cuente con una amplia red de acceso a medios públicos de transporte, especialmente tren de alta velocidad y que se encuentre a menos de una hora de un aeropuerto internacional, además de un entorno hotelero y de un sector empresarial, educativo y universitario “dinámico”.
El Gobierno central dispondrá de un mes para contestar y en el caso de que no lo haga favorablemente al requerimiento, el Ejecutivo de Javier Lambán interpondrá un recurso contra la orden que establece los parámetros y que da inicio al procedimiento para la ubicación de la Agencia Espacial Española.
Una orden que “no se ajusta a derecho”
En su requerimiento, el Gobierno de Aragón señala que la orden “no se ajusta a derecho y resulta gravemente perjudicial para los intereses de la Comunidad”, ya que los criterios fijados, lejos de impulsar la vertebración y la cohesión del país, como defendió desde el principio el Gobierno de España, ahondan en el desequilibrio territorial.
Para el Gobierno de Aragón, estos criterios profundizan en el desequilibrio territorial, perpetúan la brecha entre zonas consolidadas y menos desarrolladas y niegan la igualdad de oportunidades para los territorios de la España más despoblada, como Teruel, puesto que “solo pueden cumplirlos los territorios perfectamente vertebrados”.
Criterios que ahondan en la brecha
En su requerimiento, el Gobierno de Aragón insiste en que los parámetros fijados ahondan en la brecha que separa a las zonas perfectamente consolidadas frente a otras que “han sufrido décadas de desinversión y olvido”, al tiempo que “hurtan, una vez más, a estas últimas, de la posibilidad de acceder a nuevas iniciativas y proyectos que conduzcan a su desarrollo y al equilibrio territorial”.
El Ejecutivo aragonés incide en que ese déficit de infraestructuras “es el que ahuyenta toda posibilidad de atractivo para la instalación de proyectos socioeconómicos”.
También que se infringe el principio de adecuación al sector de actividad, que “pasa a un último plano” y que relega a candidaturas que, como la de Teruel, son “especialmente idóneas” atendiendo a factores técnicos y de investigación, y que hacen de la capital turolense un incipiente polo de desarrollo en materia aeroespacial.
Indefensión jurídica
El requerimiento se basa también por tanto en la quiebra de los principios de buena fe y lealtad institucional, al “distanciarse gravemente del planteamiento inicial invocado por la Administración del Estado”.
Por último, alega la “indefensión jurídica” que genera el desconocimiento de los criterios de valoración de cada uno de los requisitos que se evaluarán, y el cómo se va a llevar a cabo su análisis, lo que interfiere en la transparencia, confianza legítima, equidad e igualdad del proceso de descentralización de sedes.
Por Ainhoa García. Edición web: Isabel Poncela
