Zaragoza (EFE).- El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado que la Comunidad va a activar un protocolo para realizar pruebas de edad a todos los menores migrantes no acompañados enviados por el Ejecutivo central que carezcan de certificado biológico y que, en los casos que sean mayores, los dejarán «a las puertas de Delegación del Gobierno».
En una rueda de prensa, Nolasco ha detallado este miércoles que ha sido la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia que encabeza la que ha ordenado esta medida, a la vez que ha recalcado que «apenas el 20 % de los ‘menas’ enviados por el Estado a Aragón llegan con este certificado».
Sobre esta decisión ha detallado que, conforme el trámite legal establecido, las pruebas serán solicitadas a la Fiscalía de Menores, que tras aceptarlas las encargará al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), algo que está recogido, ha recordado, en el pacto de gobierno entre PP y Vox firmado el pasado 22 de abril.
«Falsos ‘menas'»
«Los casos de falsos ‘menas’ que detectemos serán notificados de inmediato y le informo a los señores Fernando Beltrán -delegado del Gobierno en Aragón- y Ángel Víctor Torres -ministro de Política Territorial- que los llevaremos a las puertas de Delegación del Gobierno para que se hagan cargo de ellos y queden bajo su estricta responsabilidad», ha asegurado.
Nolasco también ha informado de lo que ha definido como un «fraude» contra el Ejecutivo autonómico, el caso de un joven de Mauritania enviado por el Estado que decía tener 13 años y que la prueba de edad realizada por el IMLA determinó que «ronda los 20 años».
Al respecto, ha añadido que desde su consejería han tomado la decisión de expulsar de los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón a esta persona y, por ello, fue expulsado el 25 de mayo del centro en el que se encontraba.
Además, ha recordado la visita del ministro Torres a Zaragoza del 28 de abril, quien, según ha expresado Nolasco, dijo que si Aragón no acogía a todos los inmigrantes ilegales que enviaba el Gobierno Central, iba «a pagar las consecuencias».
Palabras a las que, ha recalcado el vicepresidente, no tienen «ningún temor» porque la expulsión ya ejecutada «cuenta con plenas garantías legales».
