Los Llanos de Aridane (La Palma) (EFE).- El Comisionado para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha anunciado este miércoles que la partida de 750.000 euros aprobada en el Consejo de Ministros para la monitorización de gases en Puerto Naos y La Bombilla irá destinada a la creación de un centro de control de gases para estos dos núcleos costeros.
Según ha explicado Izquierdo, en estos barrios en los que la presencia de gases de origen volcánico se ha mantenido desde que finalizara la erupción, hace 16 meses, “hay distintos frentes abiertos, hay proyectos de ventilación forzada para reducir los niveles de CO2, de mapeo con sensores, y ahora este proyecto para tener vigilancia a nivel humano”.
El Comisionado ha descrito este centro de control como un lugar en el que “trabajarán una o dos personas fijas, las 24 horas, los sietes días de la semana, para monitorizar cualquier alarma que vaya surgiendo a través de los medidores que se han repartido por los barrios afectados”.
Este centro se ubicará en las cercanías de los núcleos y mantendrá una vigilancia continua de los valores de los sensores para que “si se pasa el umbral de peligro, se activen los mecanismos que den la alarma a través de mensajes en aplicación móvil, anuncios de megafonía o llamadas a bomberos y Guardia Civil”, ha detallado.
Izquierdo ha asegurado que el centro de control “se mantendrá en el futuro”, con el objetivo de “dar seguridad a los vecinos cuando, esperemos que pronto, se pueda volver a vivir en esas zonas, y se haga en una situación de confort y seguridad”.
“Necesitamos una serie de años donde podamos dormir tranquilos, especialmente porque afectan las mareas y existen picos de gases por la noche, por lo que este centro de control trabajará 24 horas para hacer seguimientos a los gases en todo momento”, ha relatado el Comisionado.
Héctor Izquierdo ha afirmado que “este centro de control se mantendrá durante un periodo de tiempo hasta que los científicos del Instituto Geográfico Nacional que trabajen allí nos aseguren que no tiene sentido continuar con la monitorización”, apuntando además que “los costes serán asumidos por el Estado”. EFE
