Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha anunciado en el Parlamento que en esta legislatura se propone “reformar por completo el marco normativo” turístico, porque la mayoría de las leyes vigentes “tienen demasiados años” y están “desfasadas”, una modernización que tendrá “la sostenibilidad” como eje.
De León, que explicó sus planes de legislatura en comisión parlamentaria, descartó la implantación de una ecotasa ligada a las pernoctaciones que busque “recaudar por recaudar” y precisó que si lo que se defiende es de que esos eventuales ingresos adicionales repercutan en los espacios turísticos, entonces se trata de una potestad de los cabildos.
La consejera subrayó que cuando se habla de sostenibilidad en materia turística hay que hablar con precaución, porque no se puede “demonizar a la industria turística” o achacarle problemas como la falta de agua a esta actividad, cuando incluso hay hoteles que producen agua y la inyectan a la red, afirmó.
La sostenibilidad, explicó, no se refiere solo al impacto o al daño ambiental, sino que “va más allá” porque el turismo impacta en la vida social, laboral y cotidiana.
Por ello lo que se requiere es abordar desde un punto de vista transversal todo lo que tiene que ver con generar el menor impacto en la movilidad, la gestión de los residuos, el uso de la energía o la utilización de servicios públicos como el sanitario por parte de los visitantes.
Jéssica de León anunció que las previsiones turísticas para este invierno “son buenas”, con 9,6 millones de plazas aéreas programadas, un 7,6% más que hace un año, y con una previsión de alcanzar a final de año los 16 millones de visitantes con un gasto en destino de 19.000 millones de euros.
“Nos va bien, pero corremos el riesgo de perder competitividad”, advirtió, unos riesgos que en parte son exógenos, como el aumento del precio de los paquetes turísticos en un 30%, la pérdida de poder adquisitivo en los países emisores o los posibles gravámenes medioambiental en las conexiones aéreas.
Pero hay otros factores internos sobre los que sí se pude actuar, por ejemplo en la necesidad de “planificar mejor” y que no haya que devolver siete millones de euros de financiación para infraestructuras turísticas porque no se han ejecutado, algo que “es sangrante” y que se va a corregir implicando a las administraciones insulares y locales en planes insularizados.
También se puede actuar actualizando por completo el marco normativo, porque en esto no se ha hecho “absolutamente nada”, y para ello convocó a la colaboración de todos los grupos parlamentarios, incluidos los de la oposición.
La ley de ordenación del turismo, la ley de modernización y renovación turística, el reglamento de las viviendas vacacionales y la regulación de la potestad sancionadora en las inspecciones son las normas que calificó de “desfasadas” y que hay que actualizar “para afrontar la sostenibilidad con políticas reales”.
“Modernizar la ley de incentivos al desarrollo turístico e incorporar estándares de sostenibilidad, potenciar el turismo rural y regular los campings y acampadas” son otras áreas en las que se actuará.
Otro objetivo del área de turismo será “seguir mejorando” en la promoción con la finalidad de aumentar el gasto de los visitantes en destino, con especial dedicación a La Palma.
En cuanto al área de empleo, la consejera centró sus prioridades en la incorporación de los menores de 25 años y los mayores de 45 al mercado laboral, lo que se realizará impulsando la formación profesional y en particular la formación profesional dual, con incentivos a las empresas para que se impliquen en esta modalidad.
Para ello, se va a promover una ley de formación profesional en colaboración con la Consejería de Educación, dijo De León, quien anunció también que habrá planes de empleo para los mayores de 45 años y un plan de choque para reducir el paro femenino y el emprendimiento entre las mujeres.
El plan joven 360 para facilitar la formación y el empleo entre los jóvenes, la creación de préstamos de 30.000 euros para actividades de formación o de emprendimiento, un plan de lucha contra la siniestralidad laboral y la atención a la salud mental de los trabajadores son otros de los propósitos de la consejera, que además promoverá los octavos acuerdos de concertación social. EFE
