Los Llanos de Aridane (La Palma) (EFE).- Los datos sobre emisiones de dióxido de carbono y gas radón en varias de las zonas afectadas por la erupción del volcán de La Palma evidencian, según los responsables políticos y científicos del Pevolca, la necesidad de mantener la vigilancia y el seguimiento científico en Tajuya, Puerto Naos y La Bombilla, zonas donde persisten riesgos para la salud.
Esto obliga a conservar las medidas de control y el nivel amarillo del semáforo volcánico en la isla, tal y como ha puesto de manifiesto este martes el comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), convocada a petición del Cabildo de La Palma para actualizar los trabajos desarrollados desde la erupción del Tajogaite en 2021.
El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha apuntado en declaraciones a los periodistas que, durante la reunión, los distintos organismos científicos expusieron los avances en el estudio del dióxido de carbono en el litoral occidental y de las concentraciones de radón detectadas en otras zonas próximas a las coladas.
Rodríguez ha indicado que la permanencia del nivel amarillo permite que las decisiones sigan sustentándose en el asesoramiento científico y ha defendido mantener todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y avanzar hacia la normalidad «sin comprometer la salud de las personas».
El presidente insular ha explicado que el Cabildo ha asegurado la financiación para los estudios sobre el radón desarrollados por la Universidad de La Laguna y ha dicho que ampliará la instalación de equipos de medición para determinar el alcance real del fenómeno.
Según ha detallado, actualmente existen 105 detectores de trazas y 12 dispositivos de medición continua, de los que cuatro han registrado concentraciones superiores a los 300 becquerelios por metro cúbico fijados por la normativa como nivel de referencia.
El primer informe, ha agregado el presidente insular, ya ha sido remitido al Consejo de Seguridad Nuclear, que deberá determinar las actuaciones necesarias, aunque Rodríguez ha avanzado que también se estudian medidas de mitigación en aquellos puntos donde las concentraciones superan los valores recomendados.
Asimismo, ha recordado que las investigaciones apuntan a la existencia de fallas situadas al norte y al sur de las coladas que podrían estar relacionadas con la emisión de este gas radiactivo natural.
Respecto al dióxido de carbono, Rodríguez ha insistido en que el Cabildo seguirá actuando ante cualquier incumplimiento de los protocolos establecidos para las viviendas autorizadas en Puerto Naos y La Bombilla y defendió el límite de 700 partes por millón adoptado por el Peinpal, por debajo de otros estándares más permisivos.
En relación con las viviendas ocupadas sin autorización o con sensores desconectados, ha manifestado que la mayoría corresponden a segundas residencias y ha reiterado que la prioridad seguirá siendo la seguridad de las personas por encima de cualquier otra consideración.
Por su parte, la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, ha destacado el «hito tecnológico» que supone el sistema de vigilancia del dióxido de carbono implantado conjuntamente por el IGN e Involcan.
Según ha dicho, la red cuenta con 1.800 sensores instalados en viviendas y locales comerciales, que transmiten datos en tiempo real cada cinco minutos y son supervisados de forma permanente por un centro operativo que coordina las alertas y las actuaciones de emergencia.
López ha subrayado que este dispositivo ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones, instituciones científicas y ciudadanía, que ha permitido mantener y revisar la instrumentación instalada desde el final de la erupción.
En cuanto al radón, ha expresado que las investigaciones han confirmado que el dióxido de carbono actúa como vehículo de transporte de este gas, de manera que las zonas con mayores concentraciones de CO2 son también las más propensas a registrar niveles elevados de radón.
No obstante, ha señalado que las series temporales obtenidas, algunas de más de 16 meses de duración, evidencian variaciones diarias y estacionales, por lo que ha considerado imprescindible prolongar las mediciones para caracterizar y estudiar correctamente el fenómeno.
La directora del IGN ha destacado además los resultados obtenidos por los ensayos de despresurización del suelo realizados por el Instituto Eduardo Torroja, dependiente del CSIC, capaces de reducir las concentraciones de gases en áreas situadas hasta a 50 metros del punto de extracción.
En cuanto al riesgo volcánico general, López reiteró que no existe actualmente ningún indicador que apunte a una nueva erupción en Canarias a corto o medio plazo, aunque recordó que el archipiélago es un territorio volcánicamente activo y seguirá siéndolo en el futuro, por lo que consideró esencial mantener las redes de vigilancia y los mecanismos de protección civil.
Por su parte, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha reiterado el respaldo del Ejecutivo autonómico al Cabildo y a las instituciones que participan en el seguimiento tras la erupción del volcán y ha defendido mantener el esfuerzo investigador y de monitorización para garantizar la seguridad de la población.
«Nuestra primera preocupación es la seguridad de las personas que viven en la zona», ha apostillado, al tiempo que apostó por seguir profundizando en los estudios sobre emisiones de gases y evolución volcánica. EFE
