Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los hijos de Juana Ramos, una mujer desaparecida hace diez años en Gran Canaria, piden para su expareja, Miguel Ángel Ramos, una pena de 17 años de cárcel por los delitos de homicidio, con los agravantes de parentesco y de género, y contra la integridad moral.
Asimismo, los familiares de la mujer solicitan que al único acusado, que será juzgado ante un tribunal del jurado, le sea impuesta la medida de libertad vigilada durante diez años, una vez cumpla la pena finalmente impuesta, y una indemnización en la cantidad de 300.000 euros.
También interesan que el procesado asuma el coste de las labores de búsqueda y localización de Juana Ramos y solicitan la declaración en el juicio de 24 testigos, según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE.
Todo ello coincide con las penas y medidas adicionales solicitadas por la Fiscalía.
En su escrito, la acusación particular detalla que Juana y Miguel Ángel mantuvieron una relación de afectividad análoga al matrimonio desde 2003 con periodos de convivencia intermitentes, y que a partir de julio de 2016 decidieron residir por separado «por desavenencias» surgidas entre ambos.
Pero como quiera que el acusado arrastraba una deuda con la víctima, que le devolvía de forma fraccionada mes a mes, mantenían el contacto, según esgrimen los familiares en su escrito.
También apuntan a que el acusado no aceptaba que su expareja quisiera tener una vida «independiente de sus criterios, ajena a sus imposiciones, molesto porque ampliaba sus relaciones sociales con nuevas amigas».
Y añaden que aquel ejerció sobre su madre «una conducta vigilante, con una necesidad de control de sus contactos, visitas, temeroso de una ruptura definitiva», y que «aprovechaba» la citada deuda «para presionarla y conminarla al mantenimiento de la relación».
En el escrito de la acusación particular se detalla que ambos quedaron para verse en la noche del 20 de agosto de 2016; que él la fue a recoger en coche hasta su domicilio en Las Palmas y que se desplazaron en dirección a Arucas, donde vivía él.
Esa noche, el acusado, «movido por la intención de acabar con la vida de su expareja, le causó la muerte de forma voluntaria en forma que no consta», como tampoco la hora ni el lugar, que en todo caso los familiares sitúan en el norte de Gran Canaria.
Añaden que para evitar ser descubierto y que en algún momento se pudiera determinar cómo acabó con la vida de su ex, se deshizo del cadáver de Juana, lo cual ha provocado que diez años más tarde y a pesar de «una intensa y amplia búsqueda» no haya podido ser localizado.
En este punto, destacan la «nula colaboración» del acusado en las labores de búsqueda de quien había sido su pareja sentimental durante trece años.
Los familiares esgrimen que el acusado mintió en la reconstrucción del trayecto que dijo que ambos realizaron en coche aquella noche porque no coincide con el posicionamiento de los teléfonos móviles; y que el rastro de Juana se pierde en la zona de Bañaderos y no en su domicilio, adonde el acusado asegura que la llevó de vuelta.
Descartan que se trate de un caso de desaparición voluntaria porque esa noche su madre no conectó la alarma al acostarse, como acostumbraba; porque una vecina que estaba despierta esa noche no oyó ningún coche pararse delante de su vivienda ni la vio llegar a su domicilio; y porque Juana cuidaba a sus padres y a un nieto con autismo. EFE
